La junta vecinal de Barcenillas del Rivero ha iniciado un procedimiento judicial de desahucio contra la empresa que explota la cantera del barrio de El Rivero desde hace varias décadas y tendrá que ser el Juzgado de Villarcayo el que determine si, como sostiene el pueblo, se está incumpliendo el contrato de arrendamiento y aprovechamiento de la cantera de piedra y arena firmado por los representantes de la junta vecinal y la empresa Fernando López Munilla S.L. en 2004. Aquel documento establecía por un lado el pago de un alquiler anual de la finca rústica del Salcinal de 3.000 euros y el abono anual de 0,225 euros por cada metro cúbico de árido de piedra y arena extraídos de la gran mina a cielo abierto o de lo correspondiente a un mínimo de 45.000 metros cúbicos de material.
Estas cantidades se han ido adaptando cada año al crecimiento del IPC y se les suma también el IVA. En virtud del contrato suscrito en 2004 por el que sigue siendo el alcalde pedáneo de Barcenillas del Rivero, Lorenzo Castresana, y los entonces vocales, la empresa ha ido abonando una media de entre 25.000 y 30.000 euros anuales a la localidad. En 2008, en el boom del ladrillo, se llegaron a extraer 100.388 metros cúbicos de material de la cantera, muy visible desde la carretera Nacional 629, entre el barrio de El Ribero y El Crucero de Montija. El coste de cada metro cúbico de este material que iba para la pedanía junto con los 3.200 euros del arrendamiento alcanzó los 32.115 euros, una de las cifras más altas de los últimos años. Por contra, en las últimas anualidades que la firma ha respetado el contrato, la caída de la actividad en el sector de la construcción también redujo incluso por debajo de 20.000 euros lo abonado a la localidad.
El problema ha llegado con las cantidades relativas a los años 2019 y 2020. En ambos casos, la empresa solo ha pagado el fijo del alquiler que ahora ya se acerca a 4.000 euros anuales con la actualización del IPC y ha dejado de abonar el canon variable por material extraído, aduciendo, según explica Castresana, que la explotación está aprovechando ahora material ubicado en terreno del término municipal de la Junta de Traslaloma, que linda con la parcela de la pedanía de la Merindad de Montija.
El Rivero inicia un proceso de desahucio contra la canteraEl gerente de la firma, Alberto López, no ha querido hacer ninguna valoración a DB ni explicar qué motiva los impagos que ha denunciado la pedanía y se atiene a lo que dicten los tribunales. No obstante, en 2018 y tras una larga tramitación, dado que la declaración de impacto ambiental es de 2014, la Junta de Castilla y León otorgó a su empresa la concesión de explotación de 38,2 hectáreas de terreno en la Junta de Traslaloma, ya fuera de los dominios de Barcenillas del Rivero, pero colindantes.
Sin embargo, Castresana insiste en que la empresa sigue necesitando el terreno de Barcenillas del Rivero para explotar la cantera, porque todo el material que se va mordiendo a la montaña se echa hacia la parte inferior del gran cráter de la mina, ya ubicado en suelo del pueblo montijano. También en la finca rústica de Barcenillas se ubican todas las instalaciones de la cantera, desde su planta de machaqueo o sus oficinas, así como todos los caminos de acceso a la mina.
Juicio y lanzamiento
La empresa Fernando López Munilla S.L. cuenta con el derecho a explotar los terrenos gracias a una antigua concesión minera, pero el alcalde de Barcenillas del Rivero insiste en que, «si incumplen el contrato, deben abandonar las instalaciones». El Juzgado de Villarcayo fijó el juicio el pasado 24 de junio, pero se suspendió porque el abogado de la cantera no podía acudir en esa fecha y aún no se ha fijado una nueva. El 27 de julio se había fijado el lanzamiento, es decir, el día en que la empresa debía de abandonar las instalaciones en caso de que el juzgado diera la razón a la pedanía, pero también se aplazó.
Mientras tanto, el alcalde de Barcenillas está a la espera de una solución, dado que la práctica totalidad de los ingresos de la pedanía dependían de la cantera e incluso tiene pendiente el pago de una factura de 32.000 euros por la ampliación de la casa de concejo o centro de reunión de la localidad.