Con la imagen de una movilización nacionalista histórica, la de la Diada de 2012, el entonces presidente catalán, Artur Mas, acudió a La Moncloa para reunirse con el líder del Gobierno central, Mariano Rajoy. Su pretensión, que ya le había planteado sin éxito en marzo, era lograr para su región un pacto fiscal similar al del concierto vasco o al régimen foral navarro, que permita a la Generalitat gestionar directamente todos los impuestos en su territorio. El dirigente popular se niega y Mas lanza una amenaza que, como demostraron los años, tenía previsto cumplir: «Acepta el pacto fiscal o atente a las consecuencias». La deriva secesionista del Govern empieza entonces a tomar velocidad -el nacionalismo más o menos moderado de la derecha tradicional catalana se convierte a velocidad pasmosa en un independentismo desaforado- hasta explotar el mes de septiembre de 2017, en la traca -de momento- final de un órdago que acabó con políticos en la cárcel, otros huidos de la Justicia y una sociedad cansada y dividida. Las heridas aún no están cerradas, si es que llegan cicatrizar en algún momento.

Después de aquella pseudoconsulta organizada por el propio Govern de Artur Mas en noviembre de 2014, sin censo por orden del Constitucional y con una participación que apenas llegó al 38 por ciento, los separatistas amenazaron con volver a sacar las urnas a las calles para cuestionar a su ciudadanía sobre el futuro de Cataluña. Unas advertencias que eran respondidas por Moncloa con el mismo argumento: la Constitución no permite un referéndum de autodeterminación en ninguna de sus regiones. Así, aferrado a la ley nacional, el Gobierno del Estado consideraba que aquellas bravuconadas -que se intentaban callar, además, con inversiones y competencias siguiendo aquel mítico «café para todos» de la Transición- nunca se convertirían en realidad.

Tras ver cerradas todas las alternativas para pactar una votación de autodeterminación con Moncloa, el independentismo se decantó, ya sin ambages, por la vía unilateral. En septiembre de 2017, en dos Plenos celebrados en el Parlament en días consecutivos -6 y 7-, el entonces presidente regional, Carles Puigdemont, elevó la apuesta separatista convirtiéndola en un órdago al aprobar la Ley del referéndum y la llamada Ley de ruptura. Ambas normas conformaban el supuesto marco legal, que no lo era, tal y como confirmó el Tribunal Constitucional, para celebrar «con garantías» la consulta independentista, que quedó fijada para el 1 de octubre, y para proclamar de inmediato una República catalana en caso de que triunfase el sí en la votación. Se trató, según las sentencias posteriores, de un procedimiento irregular que violó los derechos de la oposición, que abandonó en bloque la Cámara autonómica, como también hiciera el 27 de octubre cuando se votó la declaración de independencia.

Aquellos dos maratonianos debates, que duraron cerca de 18 horas en total, abrieron en canal el Parlament y, con ello, Cataluña, y dieron paso a unas semanas frenéticas que acabaron con la comunidad intervenida por el Gobierno central a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución; y con parte de la Mesa de la Cámara y del Govern imputada por rebelión (que finalmente se descartaría durante el juicio), sedición y malversación. 

Una secretaria huyendo por el tejado de un edificio público tras un registro policial, un vehículo de la Guardia Civil reventado y utilizado como escenario por los Jordis, una Policía autonómica permitiendo el acoso a sus compañeros nacionales, gente votando en mitad de la calle en urnas compradas en un chino, un presidente regional proclamando una independencia que no llegó al minuto de duración... Fueron solo algunas de las imágenes que dejó un mes que arrancó en esas dos jornadas de septiembre que los diputados constitucionalistas que estuvieron en el Parlament tacharon, y aún lo mantienen, de «golpe de Estado».