Los hosteleros mirandeses aguardaban impacientes al lunes, cuando por fin pudieron reabrir el interior de sus locales. Aunque el aforo está limitado a un tercio de la capacidad, después de lo sufrido en los últimos meses, la medida supone un alivio.

Cerca del 70% había instalado ya terraza como medida de urgencia para capear la prohibición de atender dentro, pero solo con las mesas del exterior «los ingresos no alcanzan casi ni para cubrir gastos», aseguran desde la asociación Altamira. Además, quedaba un porcentaje de bares y restaurantes cerrados totalmente porque no tenían posibilidad de habilitar terraza por falta de espacio o porque directamente no les era rentable. «Marzo no es históricamente el mejor mes para nosotros, pero se nota que había ganas tanto por parte de los dueños como de los clientes», asegura Pepe Rey, presidente de los hosteleros, quien confía en no tener que bajar nunca más la persiana. «Esperemos que la crisis sanitaria mejore y sino que al menos las administraciones hayan entendido de una vez que la hostelería no es la culpable». 

A pesar de la alegría por la reapertura, muchos no olvidan lo que han pasado desde que comenzó el coronavirus. La asociación adelantó hace unas semanas su intención de presentar una demanda colectiva contra la Junta por su responsabilidad patrimonial en la gestión de la pandemia y 40 bares se han adherido a la misma para reclamar los daños provocados por el cierre. 

La cifra podría incrementarse ya que el colectivo dará de plazo para sumarse hasta finales de esta semana, justo cuando se cumplirá un año desde la declaración del primer estado de alarma. 

Los firmantes representan aproximadamente al 20% del sector. Inicialmente el número de interesados en la demanda era casi del doble, pero muchos han desistido porque «es un proceso judicial muy largo y que puede durar años, ya que una denuncia de este tipo no se resuelve en dos días». 

Los que han decidido seguir adelante deberán abonar una cantidad fija para los gastos legales, y a partir de ahí pagarán un porcentaje del dinero obtenido si la reclamación prospera. Las indemnizaciones se calcularán de forma individualizada ya que cada establecimiento tiene unos ingresos y gastos estimados. 

La demanda colectiva buscará resarcir económicamente a los hosteleros por las pérdidas del último año, alegando la responsabilidad patrimonial de la Junta por «la expropiación forzosa» de su actividad. Serán los tribunales los que deban decidir si ha existido una causa de fuerza mayor que justificara los reiterados cierres de los bares y el resto de medidas adoptadas por la administración regional, ya que los hosteleros consideran que el trato que les ha brindado la Junta no es igual al de otras comunidades autónomas. 

Las acciones legales apuntan sobre todo a los primeros tres meses del estado de alarma, aunque los afectados también contemplan la posibilidad de reclamar los daños por adelantar el toque de queda dos horas respecto al horario decretado por el Gobierno. 

Para los bares, la franja de 20 a 22 horas «representa un pico de trabajo importante», asegura Rey, porque es el momento en el que muchos clientes finalizan su jornada laboral y salen a la calle a consumir. 

El sector considera que las medidas adoptadas por la Junta han perjudicado gravemente sus intereses y que las mismas no estaban debidamente justificadas por motivos sanitarios.