Elegir con todas las garantías y con toda la información disponible una de las 91 residencias de mayores que hay operativas en la provincia será una tarea más fácil con la implantación de los exámenes de calidad periódicos a estos centros, pruebas que partirán de la experiencia y valoración de los propios usuarios y sus familias y cuyos resultados serán públicos para el conocimiento de la ciudadanía. La medida, contemplada en la futura ley reguladora del modelo de atención residencial en Castilla y León (actualmente en tramitación), afecta de lleno al futuro de un sector asistencial hoy en el punto de mira de la opinión pública tras lo ocurrido durante la pandemia y que está recibiendo una fuerte inversión privada al calor del negocio del envejecimiento de la población.  

La implantación de este nuevo modelo, que incluye también la atención a las personas con discapacidad, se ha visto acelerada por lo ocurrido en algunos de estos centros durante la pandemia, en los que el coronavirus terminó con la vida de muchos de los residentes más vulnerables y llegó a generar situaciones al límite de la ética y el buen hacer en la prestación de estos servicios, sobre todo antes de que se generalizasen las campañas de vacunación.

En paralelo a la tramitación del proyecto de ley regional, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas alcanzaron esta semana un acuerdo en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia para la implantación de este nuevo modelo en el ámbito nacional, lo que necesitará de nuevos recursos financieros para las comunidades.

La nueva ley regional, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en su presentación, tiene como principal objetivo «garantizar los derechos de las personas que viven en centros de carácter social públicos y privados, preservando su dignidad y calidad de vida». Su espíritu es «supeditar los cuidados asistenciales a la autodeterminación de las personas que los reciben, a sus expectativas y deseos, al fomento de los afectos y de las relaciones comunitarias, al bienestar emocional, a la inclusión social y al desarrollo personal».

Los estándares que regirán la calidad de los servicios residenciales y los exámenes y su periodicidad están en negociación, aunque se aplicarán criterios similares a los vigentes en algunos países europeos del entorno. Se centrarán, entre otros aspectos, en los servicios y cuidados que se prestan a los residentes, su calidad de vida, el ratio de trabajadores por usuario, la especialización y formación de las plantillas, el estado de las instalaciones. las tecnologías disponibles, la organización, entre otros aspectos.

Los 91 centros activos en la provincia y los que se abran en próximos años entrarán así en un proceso de evaluación continua público que avalará su competencia y que, además, en el caso de las instituciones privadas, determinará su acceso o no a la concertación de servicios con la Junta de Castilla y León.

Las residencias ya están sometidas a un proceso de inspección por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, que es quien determina las normas de funcionamiento general del sistema, algo básico durante un proceso pandémico como el que estamos sufriendo.

privado. Además de los centros públicos, el cambio toca de lleno a la iniciativa privada, que ha sido la promotora del 92% de las más de 700 nuevas plazas abiertas en la provincia durante la última década. 76 de los 91 centros de mayores de Burgos son privados y en sus manos está la gestión de un total de 4.853 plazas, 7 de cada 10 de las 6.715 de las que dispone la provincia, según los datos que maneja la plataforma ‘Envejecimiento en red’, impulsada por la Fundación General CSIC y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Junta, Diputación y algunos ayuntamientos gestionan o participan en la gestión de los centros públicos, que disponen de otras 1.862 plazas.