Eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones enCastilla y León no eximirá de rendir cuentas ante la Agencia Tributaria por ganancia patrimonial en el siguiente IRPF. Este fue el aviso lanzado ayer por los socialistas de la Comunidad, que advirtieron a los ciudadanos de Castilla y León que se informen «bien» antes de realizar cualquier donación impulsada por los anuncios «estafa» de la Junta sobre la eliminación de su tributación en la Comunidad, porque la Agencia Tributaria gravará entre un 19 y un 23 por ciento en el IRPF al donante del bien al año siguiente, conforme a su incremento de valor en el mercado, por ganancia patrimonial. «Si un padre dona a su hijo un piso, éste no tendrá que pagar el impuesto de donaciones, pero el progenitor deberá abonar al año siguiente a Hacienda el gravamen por ganancia patrimonial», explicaron el coordinador y la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín y Rosa Rubio, informa Ical.

Los socialistas anunciaron que presentarán mañana una enmienda a la totalidad y cinco parciales contra el proyecto de ley de la Junta para la eliminación del Impuesto de Sucesiones, que tacharon de «estafa» a la mayoría de ciudadanos de Castilla y León, para beneficiar a 5.000 «amigos ricos» del presidente Alfonso Fernández Mañueco y su vicepresidente Francisco Igea. Martín y Rubio cargaron contra Igea, porque «eso no se lo cuenta a los ciudadanos» y mientras el Ejecutivo autonómico se queda sin recaudar por este concepto para servicios públicos esenciales, el Gobierno aumenta sus ingresos. «Cuidado antes de poner nada a nombre de un hijo, porque la Junta no avisa nunca de estas cosas», advirtió Martín.

El procurador del PSOE denunció la «broma, sin avisar a nadie» de la Junta, y recordó el «maremágnum increíble que se preparó» entre 2008 y 2012, cuando ya estaba eliminado este tributo, tras sufrir muchos ciudadanos que se acogieron a estas bonificaciones «la sorpresa más desagradable de su vida». En este sentido, afirmó que «tuvieron que retirarlo» entonces «calladitos, para que no se enterara nadie», y sentenció que la medida entonces no sirvió para nada más que para cambiar de titulares los bienes.

Además, explicó que con datos de 2018, se produjeron 815 herencias de más de 400.000 euros, y 630 donaciones por encima de los 50.000 euros, que ahora se dejarán de gravar, para preguntar a Igea de dónde saca su estimación de 5.000 beneficiarios. En este sentido, exigió al vicepresidente que informe de estas grandes fortunas con «nombres y apellidos», porque «van a eludir su responsabilidad fiscal con la complicidad de la Junta».

Por su parte, la procuradora socialista Rosa Rubio arremetió contra las «trampas y mentiras» del Ejecutivo porque «se olvida de contar quién llama a la puerta una vez se produce una donación es la Agencia Tributaria», y constató la «avalancha de liquidaciones» que sufrieron los ciudadanos que decidieron acogerse a esta medida.