Desde el pasado mes de julio, y por decreto de la Fiscalía General del Estado, Nuria de Prado (Burgos, 1971) es la delegada de la Fiscalía de Menores de Burgos, después de que su antecesor en el cargo, José Fernández, asumiera la responsabilidad de fiscal jefe de la provincia. Este trabajo, que comparte al 50% con Alberto Cuevas, lo compagina con la sección de delitos de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo (junto a Fernando Gómez, delegado de la misma) y cree que con dos profesionales y el equipo técnico con el que cuentan están lo suficientemente bien dotados para hacer frente a los casos que les llegan tanto de menores infractores como de aquellos que precisan de una especial protección: "Yo soy de las que nunca se quejan de trabajo y aquí estamos bien porque, al final, esto no es Melilla, por lo que podemos hacerlo a la vez que las guardias ordinarias y llevar otras áreas para así no perder la perspectiva de la jurisdicción de adultos". De Prado estudió Derecho en la UBU y tras superar la oposición trabajó en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Cantabria antes de volver a Burgos en 2002. Se define como una enamorada del Derecho Penal, razón por la que siempre tuvo clarísimo que quería ser fiscal, y se siente muy satisfecha de la labor que se realiza en Menores, donde la inmensa mayoría de los adolescentes que llegan nunca vuelven a reincidir: "Se ven muy pronto los frutos de nuestro trabajo y eso es muy reconfortante".

Muchas personas identifican la Fiscalía de Menores con chicos que han cometido un delito, pero también se ocupan de otros menores en riesgo...

Lo que hacemos, en este sentido, es una supervisión de la labor de la Junta con respecto a los menores que están en riesgo y desamparo, y si tenemos conocimiento por cualquier vía (profesionales sanitarios, centros escolares o juzgados de instrucción) de que existe un caso de este tipo, lo que hacemos es ponerlo de forma inmediata en su conocimiento, ya que es la que tiene que adoptar esas medidas de protección, de las que, además, nos tienen que ir dando cuenta. Cada seis meses la Administración debe informarnos de todos los casos de menores sometidos a una medida de protección y si no estamos de acuerdo con algo estamos legitimados para recurrirla.

Nuria de Prado, fiscal delegada de Menores. - Foto: Jesús J. Matí­as

¿Cuál es el colectivo más numeroso con el que trabajan, el de los menores infractores o el de los que son vulnerables?

Este año llevamos abiertos 348 expedientes de menores en riesgo, de los que 150 están relacionados con el absentismo escolar vinculado a la covid, y en cuanto a menores infractores se han incoado 156.

Acaba de empezar el segundo curso escolar en pandemia. En el anterior no se tuvo en cuenta el absentismo pero ya han advertido desde su Fiscalía que se va a incrementar el control. Cuénteme qué es lo que están haciendo en este sentido.

Después de que se nos pasaran los datos de la Comisión Provincial de Absentismo lo que hicimos fue citar a todas las familias y a los menores, en el caso de que tuvieran edad suficiente, para varias cosas: advertirles de la obligación de acudir al centro escolar, recordarles que esa conducta reiterada puede ser constitutiva de delito, oír las causas que alegaban para no llevar a los niños al colegio -si era miedo, si los menores tenían alguna patología, si había algún familiar enfermo...- y para preguntarles por las medidas que han tomado en casa y ver su implicación, es decir, si tenían los libros o si contaban con algún profesor particular o si los niños estaban al día de las materias... Empezamos a tomar estas declaraciones en el último trimestre del curso anterior.

¿Y qué se encontraron? ¿Qué argumentos han sido los que han escuchado con más frecuencia?

Pues, generalmente, el miedo, y en algún caso, irracional, porque en Burgos todos los colegios han tomado las medidas higiénicas adecuadas. En este sentido, tengo que decir que no hemos recibido quejas de que en algún centro no se hubieran implementado. Es miedo en todas sus variedades... aunque cuando les citamos aquí intentaban ‘adornar’ un poco más la historia y siempre te hablaban de algún abuelo que estaba enfermo... o del asma, que ha sido uno de los argumentos más recurrentes.

¿Ha habido alguna familia negacionista?

Pocas, igual un par de ellas. Pero les preguntamos por las causas de la no escolarización de los niños y no les dejamos que nos cuenten lo que ellos piensan de la situación. Aquí queremos datos objetivos para valorar la situación de los menores.

Me ha dicho que a partir de una cierta edad también escuchan a los menores...

Sí, a partir de los 11 o 12 años pedimos a las familias que vinieran con los niños porque también hay que oírles, y en este sentido, cuando a los 14 se niegan a ir al colegio es muy difícil sostener una acusación contra los padres. ¿Cómo obligas a un menor o a una menor de 14 o 15 años a ir al colegio? No se puede emplear ningún tipo de medio coercitivo, por eso hay que valorar también la edad.

¿Qué mensaje les enviaron en estas reuniones?

Que hasta ahora no hemos puesto ninguna denuncia en los juzgados de instrucción pero que se va a hacer un seguimiento en este primer trimestre y, de hecho, ya están todos los expedientes pendientes de pedir informes en el mes de diciembre. Y estoy segura de que la mayoría de ellos se van a archivar porque son menores que en este trimestre están yendo a clase.

¿A estas alturas de la pandemia puede existir alguna justificación para no hacerlo?

Si en diciembre hay menores que siguen sin ir al colegio sin una causa muy clara de justificación como una patología muy grave en ellos y no tanto en un familiar, nos plantearemos poner denuncias por el delito de abandono de familia.

Recuérdeme qué condena conlleva no llevar a los niños al colegio.

Es pena alternativa de prisión o de multa. De prisión, de tres a seis meses, y de multa, de seis a doce meses. Si en algún caso, incluso, vemos la necesidad de acusar, se puede también aplicar una atenuante o eximente que es el miedo insuperable pero, personalmente, creo que va a haber pocos casos en los que tengamos que llegar a formular escrito de acusación o incluso denuncia.

Se ha conocido en estos días el caso de dos menores de otra provincia cuyos padres se negaban a que llevaran mascarilla en el colegio y cuya escolarización se ha suspendido. ¿Se han encontrado aquí algo parecido?

No, no se nos ha informado desde la Dirección Provincial de Educación nada en este sentido.

¿Se puede hablar de un perfil de familia absentista? ¿Han hallado algún punto en común entre esos 150 expedientes?

No, por la covid, no; son familias de todo tipo, muy normalizadas, muy integradas en la sociedad y con hijos que jamás habían sido absentistas. Lo que sí hemos visto es que en las que tenían menores que no iban al colegio antes de la pandemia, ahora se ha querido utilizar este argumento para justificarlo.

Ya se ha vacunado a los adolescentes a partir de 12 años. ¿Si se generaliza esta medida sanitaria en menos edades y hay familias que no quieren inmunizar a sus hijos ustedes pueden hacer algo desde aquí?

Es que hoy por hoy las vacunas no son obligatorias en España, así que no podríamos hacer nada. Tampoco nos ha llegado nunca un caso ni ahora en época covid ni antes con respecto a otro tipo de vacunas.

Los servicios de salud mental infanto-juvenil han constatado un incremento singular de los trastornos de la conducta alimentaria y, en general, de sus consultas, desde el inicio de la crisis sanitaria. ¿Cree que este malestar que expresan muchos niños y adolescentes puede tener su reflejo en un aumento de los delitos que puedan cometer?

Los trastornos de conducta derivados de la situación de confinamiento los hemos apreciado, sobre todo, en los delitos de violencia intrafamiliar. Llevamos ya muchos años en los que este tipo de violencia va creciendo, pero a raíz del confinamiento han llegado muchas denuncias y en ellas los padres hacían constar que antes de la pandemia sus hijos no eran menores con problemas graves de conducta en casa y en algunos casos nos hablan del encierro como un desencadenante. Esos chicos luego suelen tener alguna patología o algún trastorno del comportamiento pero el confinamiento los ha podido agravar, hay muchos que esa situación no la han sabido controlar y la agresividad la han pagado en casa porque no se podía salir.

Tiene que ser durísimo para unos padres denunciar a sus hijos por agresiones. ¿Cómo llegan aquí?

Se sienten culpables por estar denunciando a su hijo aunque antes de llegar aquí hayan intentado agotar otras vías. Porque normalmente no acuden a la Fiscalía cuando se inicia el problema, sino que se dirigen a los servicios sociales, a Salud Mental o a Proyecto Joven si hay consumo de drogas, es decir, que este es el último recurso. Cuando vienen aquí en primer lugar, normalmente es buscando asesoramiento y cuando ponen la denuncia es que están desbordados y ven que la situación es insostenible. Por otro lado, no quieren que su hijo reciban un castigo si no que ‘le curemos’. Aquí trabajamos con el menor y en la mayor parte de los casos creo que la respuesta es muy satisfactoria. Con las medidas que se imponen se está consiguiendo que los menores vuelvan a tener una relación normalizada con sus padres.

¿Cuál es la forma de trabajar en estos casos?

Cuando hay una denuncia por violencia intrafamiliar que se ratifica -algo que en algunos casos, como pasa con la violencia de género, no ocurre- oímos a los padres. Al menor se le cita inmediatamente, en el mismo día si es posible, porque en estos casos suele ser necesario, por regla general, sacarle del domicilio, y una vez que ha declarado pasa al equipo técnico formado por psicólogo, educador social y trabajador social, que habla con todas las partes y hace un informe con las circunstancias que rodean al caso (sociales, escolares, de salud...), lo que nos orienta en la medida, judicial o extrajudicial, más adecuada. Este informe no es vinculante pero se tiene en cuenta en la mayor parte de los casos porque estos profesionales han indagado mucho más de lo que lo hace el fiscal. Se suele optar por decidir una medida de convivencia en grupo educativo, que supone derivar al chico a un centro. En Burgos es ‘La Senda’, que funciona muy bien porque tienen profesionales muy especializados en abordar casos de violencia intrafamiliar y se centran en averiguar cuáles son las causas que ha llevado al adolescente a cometer un delito, trabajan mucho en fomentar la empatía y en recuperar la relación con los padres.

¿Qué tipo de conductas son las que conllevan estas denuncias, agresiones físicas, insultos, no cumplimiento de normas..?

En los casos de no cumplimiento de las normas -que no vayan a dormir a casa o que fumen porros- no podemos intervenir porque no hay ningún delito, aunque a veces vienen aquí los padres a pedir ayuda y se les asesora sobre los recursos existentes. Podemos hacerlo cuando ya hay un maltrato psicológico y, sobre todo, cuando hay injurias, amenazas o lesiones, aunque es cierto que en estos casos las agresiones físicas no son muy fuertes más allá de unos empujones, algún puñetazo o una patada, pero se trata de situaciones que se pueden repetir a diario.

¿Es frecuente que en estos casos haya consumo de drogas por parte del menor?

Sí, no en todos pero sí, y sigo apreciando que los jóvenes consumen mucho hachís; igual también toman otras cosas pero, sobre todo, hachís, porque es que hasta lo reconocen, algo que igual con otra sustancias son más reacios a hacerlo. El consumo de hachís está muy generalizado y ellos no son conscientes de que sea peligroso.

¿Cómo son los menores que delinquen?

La mayor parte no son reincidentes, vienen aquí por un hecho aislado y no los volvemos a ver. Hay muchos hurtos que los cometen pensando en que no va a pasar nada pero cuando llegan aquí ven que sí pasa aunque el valor de lo hurtado sea un euro porque ahora los supermercados y las tiendas tienen el criterio de poner denuncias por todo, tanto en adultos como en menores. Los que hacen esto es difícil que vuelvan por aquí, les ponemos una medida educativa extrajudicial la cumplen y ahí se termina. Para ello tenemos convenios con los ayuntamientos de Burgos, Miranda y Aranda, la Fundación Juan Soñador, Proyecto Joven, Cáritas y Cruz Roja donde estos menores realizan tareas que les vienen muy bien, primero para ver que los actos tienen sus consecuencias y también para fomentar en ellos la empatía y que adquieran habilidades que quizás no tenían porque, a veces, lo que les pasa es que tienen lo que los profesionales llaman baja tolerancia a la frustración.

¿Se pueden realizar ya estas medidas sociales con normalidad o siguen aún mediatizadas por la pandemia?

La Fundación Juan Soñador, por ejemplo, ha seguido durante todo el tiempo trabajando on line con los menores con charlas o ayuda en el seguimiento de los estudios, es decir, que dentro de las limitaciones se ha funcionado bien, igual que con los servicios en beneficio de la comunidad como la asistencia al Hangar o a los huertos de ocio a realizar tareas de orden y limpieza. Esto es para los que han cometido un delito pero que no tienen factores de riesgo porque queremos que vean que los actos tienen consecuencias.

¿Los menores inmigrantes no acompañados provocan problemas en la ciudad?

No hay muchos y la mayoría están aquí están de paso. Por lo que veo y lo que me cuentan en las asociaciones que trabajan con ellos es que están de Burgos camino, sobre todo, al País Vasco, se les sorprende en la estación de autobuses o en la de trenes o vagando por las calles pero buscando un medio para seguir avanzando. Cuando se les encuentra se les lleva a un centro y cuando vamos a pedir información normalmente ya se han fugado de allí.

¿Qué le parece que haya discursos políticos que demonizan a este colectivo?

Fatal, porque los menores no acompañados no cometen delitos, no vienen por la Fiscalía habitualmente, no son peligrosos. Este es un discurso fácil por la crispación social que hay pero no se corresponde con la realidad, sobre todo en Burgos, ya que en otras ciudades sí puede sentirse una cierta inseguridad ciudadana pero no porque delincan sino porque están simplemente están por la calle. En cualquier caso, no es culpa de ellos sino de la situación general, están llegando muchos y algunas ciudades del sur están desbordadas. Sería necesario, entiendo, que se tuvieran más recursos para que no estuvieran en la calle sino en instalaciones adecuadas. Porque no se nos olvide que son menores.

¿Qué delitos cometen los chicos que llegan a su Fiscalía?

Contra la propiedad, sobre todo hurtos, y contra las personas: peleas, lesiones, violencia intrafamiliar...

¿Y contra la libertad sexual?

Se han incrementado, pero no tanto como en la jurisdicción de adultos porque cuando hago guardias allí percibo que cada vez hay más. Es cierto que en Menores se presentan más denuncias que antes pero no sé si quiere decir que se cometen más delitos o que se ha perdido el miedo y se denuncia más porque las víctimas ya no se sienten tan estigmatizadas.

¿Siguen el mismo patrón que los cometidos por adultos?

Por regla general son mucho más leves, aunque siempre puede haber un caso de agresión sexual, pero aislado, al año puede haber uno como mucho.

¿Les preocupan los casos de acoso escolar?

La mayoría de los que llegan se dan en chavales de menos de 14 años, por lo tanto no podemos intervenir y los archivamos, aunque remitimos copia a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta para que trabaje con el menor y su entorno por si las causas que le hayan empujado a hacer una acción así se pueden relacionar con algún tipo de problema en el puedan intervenir los servicios sociales o educativos. En mayores de esa edad los casos son muy aislados y no muy graves. En los que hemos investigado puedo decir que cada vez veo que los colegios están más mentalizados y se implican más, al contrario de lo que ocurría hace años cuando se querían ocultar porque se pensaba que era una mancha para el nombre de la institución. Hay ya mucha colaboración por su parte y por la de la Dirección Provincial de Educación.

¿El uso de las redes sociales ha empeorado el bullying?

Ha hecho que salga de la escuela y llegue a todas partes, por lo que el dolor que se inflinge a la víctima es mucho mayor y el daño, más permanente en el tiempo porque hay acciones que pueden quedar grabadas, por ejemplo.

¿Cómo suele ser la actitud de una chica o un chico cuando usted les interroga?

Les tratamos de tú siempre para que todo parezca un poco más cercano. Le intentas tomar declaración con palabras no muy complejas aunque a partir de los 14 años los menores son mucho más listos de lo que pudiéramos pensar, normalmente lo entienden todo. ¿Sobre la actitud? Creo que dos veces en mi vida me he encontrado con menores que me han faltado al respeto. El resto son bastante sumisos, de hecho, la mayoría piden perdón y quieren pedírselo a la víctima. La regla general es que son muy respetuosos.

¿Existe la posibilidad de mediación con las víctimas?

En determinados delitos, sí. En los que son leves o en los menos graves, es decir, en los que no se haya utilizado una gran violencia o intimidación. Dentro de las tareas extrajudiciales que se pueden poner en marcha está la mediación con la víctima, que se realiza a través de nuestro equipo técnico, que es quien contacta con ella, se lo explica y le pregunta si está de acuerdo. Si la víctima no quiere participar en un encuentro personal a veces se hace a través de una carta, siempre que ella lo acepte.

¿Tienen algún recalcitrante al que ven por la Fiscalía más veces de las que les gustaría?

Sí, siempre hay algún menor que es muy reincidente, los que cometen robos, por ejemplo. No quiero decir con ello que lo tengan como forma de vida pero sí que lo hacen con mucha frecuencia.

¿Saben de ellos cuando se hacen mayores de edad?

No se hace un seguimiento pero Burgos es una ciudad pequeña y como también trabajamos en la jurisdicción de adultos sí que hay algún menor -es la excepción- al que vemos después de que haya cumplido 18 años. La inmensa mayoría son menores que no vuelven a delinquir porque eso yo digo que la jurisdicción de menores me da más satisfacciones que la de adultos porque tengo la sensación de que nuestro trabajo presenta más resultados, que se consiguen objetivos porque se busca el castigo pero, sobre todo la reeducación y la resocialización y creo que sí que se consigue. También es todo más rápido, en adultos los tiempos son mucho más largos hasta que llega el juicio.

A veces ha llegado al debate público la reducción de la edad legal para ser responsable penalmente...

No lo veo necesario, creo que los 14 años está bien.

En ocasiones nos llegan a los medios historias de familias que se sienten maltratadas por la Administración en el sentido de que pierden la custodia de sus criaturas de forma arbitraria y una de las denuncias más recurrentes es que los órganos judiciales siempre tienen más en cuenta las razones de los Servicios Sociales que las de ellas y que cuanto más vulnerables son más riesgo tienen de perder a sus hijos. ¿Está de acuerdo?

En principio, por motivos económicos no se puede quitar a los hijos a una familia aunque es verdad que las situaciones de vulnerabilidad de pueden hacer que se incremente el riesgo para los menores porque igual son padres que se tienen que buscar la vida porque no tienen ingresos desde las siete de la mañana hasta la noche con trabajos muy precarios y los niños pasan mucho tiempo solos. No es que se quiera demonizar a la gente que no tiene dinero pero es que muchas veces por buscarse la vida dejan de dar la asistencia necesaria a los menores y por eso, quizás sí que hay más casos de retirada de tutela en familias de este perfil. Pero todas las situaciones de desamparo son vigiladas por el juzgado de Familia. Los padres pueden poner recursos. Y no siempre la justicia responde en contra de ellos y a favor de la Administración.