Si el año pasado un par de sentencias judiciales, provocadas por la reclamación de un extrabajador para ser indemnizado, afeaban que la Asociación Plan Estratégico sigue sin liquidarse 3 años después de cesar su actividad, en 2021 el Juzgado de lo Social Número 3 de Burgos ha seguido disipando dudas y en esta ocasión lo ha hecho mediante un decreto en el que señala que es el actual alcalde, Daniel de la Rosa, el máximo responsable del ente y a quien le corresponde disolverlo.

Si para muchos podía resultar obvio que el alcalde, tras ser investido regidor de la ciudad, había heredado esta responsabilidad (al igual que otras presidencias como las de CT Burgos, los consorcios o Promueve), en el Ejecutivo socialista siempre se ha mantenido, desde su llegada al poder en junio de 2019, que el presidente de la comisión liquidadora del Plan Estratégico era el exregidor, Javier Lacalle.

Tal era la creencia que los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentaron un recurso a una diligencia de ordenación del Juzgado de lo Social (de finales noviembre) en la que se requería a De la Rosa que «llevara a cabo las operaciones de liquidación pendientes del Plan Estratégico».

El mismo juzgado, que rechaza el recurso municipal, es claro al afirmar que «no podemos aceptar que el responsable del Plan Estratégico sea el anterior alcalde ya que el cargo de presidente no es nominativo y, por aplicación del artículo 20 (de los estatutos) el nuevo pasa a ser el presidente de ambos órganos». Y si «no ofrece ninguna duda» que ha heredado el cargo, tampoco de que es el responsable, entre otras funciones, de realizar las operaciones liquidatorias.

Esta situación que se presenta parece obligar al alcalde a asumir la liquidación del ente y eso pasa, según se recoge en el auto judicial, por, entre otras cosas, «cobrar los créditos de la asociación», «liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores».

En otras palabras, el alcalde deberá convocar la comisión liquidadora para reclamar, por la vía judicial si es preciso, el abono de las deudas de  otras entidades con el Plan y pagar lo que se debe. Es decir, a los extrabajadores y a proveedores. Uno de ellos, el festival Tribu, al que se le tienen que ingresar más de 20.000 euros (reconocidos en sentencia judicial).

Ya hubo un intento por pagar a los acreedores el pasado mandato, pero el PP se quedó solo en la votación en el Pleno y los 200.000 euros en que se estimaba la deuda no salieron nunca de las arcas municipales.

Desde el Órgano de Intervención se han puesto siempre reparos para reconocer una deuda del Ayuntamiento con el Plan que superaría el millón de euros. Eso sí, unos 800.000 euros retornarían a sí mismo ya que es quien se queda con el patrimonio existente.