El confinamiento más duro de los meses de marzo y abril, junto a la posterior disminución de la movilidad en los meses que siguieron a la fase más crítica de la pandemia, también tendrá su efecto en la recaudación por multas de tráfico del Ayuntamiento de Burgos.

Los datos que obran en la Cuenta General del año 2020 y que recientemente aprobó el Pleno revelan que los "derechos reconocidos netos", correspondientes a las sanciones emitidas menos las anuladas, ascienden a algo más de 2,74 millones de euros en la partida vinculada a las "multas por infracciones de la ordenanza de circulación" frente a los 3,26 del ejercicio anterior.

Se trata por tanto de una pérdida de medio millón de euros que las arcas municipales notarán progresivamente a medida que esos derechos reconocidos se vayan haciendo efectivos (hay que dejar pasar un periodo de cobro, posibles reclamaciones y su resolución) y que se traducirán en los ingresos finales.

El dato de 2,74 millones retrotrae cinco años atrás los efectos recaudatorios del control del tráfico. En concreto, en el año 2005 se registraron (siempre según los datos obrantes en la liquidación del presupuesto) unos derechos reconocidos netos de 2,77.

Sin embargo, al año siguiente se produjo una multiplicación de esta cifra hasta llegar a los 3,99 millones que se mantuvo con 3,96 el ejercicio siguiente y alcanzó su cénit con los 4,22 del ejercicio 2018, mientras que en 2019 volvió a bajar hasta los 3,26 por problemas técnicos relacionados con el llamado ‘multacar’ y los radares fijos que controlan la velocidad en las calles de la capital.

Antes, en 2016, se produjo un fenómeno que no suele ser ni mucho menos habitual, y es que se emitieron multas por un valor superior a las previsiones que elaboran los servicios económicos municipales. En concreto, y siguiendo las estimaciones del año anterior, se estimaron inicialmente unos ingresos de 3,13 millones que se quedaron cortos por más de 800.000 euros.

Recalculando ingresos. De ahí que al ejercicio siguiente los técnicos decidieran elevar sus cálculos hasta casi los 5 millones y medio de euros, un listón donde los mantuvieron durante los tres ejercicios siguientes. En ninguno de ellos se superaron los 4,2 millones en multas emitidas (la recaudación real se quedó por debajo de los 2,5), así que la previsión volvió a una senda más realista en 2020, cuando se apuntó a los 3 millones exactos tras la mencionada caída del multacar y los radares.

En el caso del vehículo equipado con una cámara que es capaz de ir leyendo matrículas a su paso, para sancionar por ejemplo la doble fila, el problema residió (tal y como explicaron en su día los responsables municipales) en que para su manejo es necesaria una preparación específica de la que no disponen todos los agentes. Uno de los que la tenía se jubiló, con lo que ese coche patrulla especial no pudo funcionar ‘a destajo’.

Desde entonces el déficit se ha tratado de corregir con la formación de otros agentes y con la adaptación de la cámara del multacar para detectar también coches robados, que no tengan el seguro obligatorio en vigor o que no hayan pasado la ITV.

La concejala de Seguridad, Blanca Carpintero, alude sin dudarlo a la pandemia cuando se le pregunta por los posibles motivos del bajón de multas de 2020 y por los efectos en la futura recaudación. "Durante un largo periodo de tiempo la movilidad estuvo totalmente restringida, así que no se podían poner denuncias porque no había tránsito", recalca.

La situación cambió a partir de la nueva normalidad del verano pasado, cuando se recuperó el tránsito, y de hecho la memoria de la Policía Local refleja incluso un pequeño incremento de las sanciones por radares móviles y fijos a lo largo de todos esos meses. Esto todavía no ha tenido su traslación a efectos económicos, al menos de momento, pues la tendencia ya se ha invertido. Por lo que avisan los responsables municipales, la caída en los ingresos será por poco tiempo pues en el presente ejercicio la implantación de las calles 30 ya se está dejando notar en las sanciones.