De las 35 plazas de funcionarios que figuran en la RPT de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos, en estos momentos hay 24 ocupadas y 11 vacantes. Si tomamos como referencia la Gerencia de Justicia, de las 35 plazas que deberían estar ocupadas y trabajando al servicio de los burgaleses se contabilizan hasta 10 vacantes.Estos ejemplos son solo dos que demuestran el «gran déficit» que a juicio del sindicato CSIF arrastra el Estado con la provincia en materia de empleo.
Si el caso de la Comisaría ya es grave de por sí, el del Centro Penitenciario roza «lo vergonzoso» según el responsable de la Administración General del Estado (AGE) en Burgos del sindicato, José Antonio Varga. En este área hay proyectadas 253 plazas, de las cuales 193 están ocupadas y 60 libres. Ello provoca que casi una de cada cuatro no esté cubierta, lo que ahonda en más carga de trabajo para los empleados o un peor servicio que vienen denunciando los sindicatos desde hace tiempo.
«Que de 253 haya 60 vacantes canta un poco y no lo vemos normal», lamenta Varga.Ajuicio del sindicato, este problema de carencia de personal no se circunscribe a Burgos solo, sino que está extendido por todo el país.«Está toda la Administración General del Estado igual, la deficiencia de publicación de oferta de empleo público es estructural por culpa de la crisis», admite.
La luz y la sombra. Según los datos que maneja CSIF, obtenidos a través del portal de Transparencia del Ejecutivo, el SEPE y Defensa tienen también la catalogación de «muy deficitarios». En el otro extremo, la administración tiene «perfectamente cubierto» sectores como Hacienda,Agencia Tributaria o Seguridad Social.
En cuanto al personal laboral, el Centro Penitenciario también está en la lista negra al tener cinco vacantes de los 32 puestos habilitados en la RPT.También en la Demarcación de Carreteras, con 42 plazas, tienen un problema de personal, ya que 9 no están ocupadas. «Es muy llamativo el caso del Ministerio de Defensa. La Agrupación de Apoyo Logístico 51 (AALOG-51) tiene 55 plazas habilitadas y 23 vacantes. Su media de edad es de 62 años», alerta José Antonio Varga, que urge más procesos de entrada a la Administración General del Estado.