El expediente de regulación de empleo de Aernnova se ejecutará sin acuerdo a pesar de que la plantilla ha respaldado mayoritariamente la última oferta de la empresa. Los trabajadores celebraron ayer una asamblea en la que 158 personas votaron a favor, mientras que 133 lo hicieron en contra del ERTE. Además se registraron cinco votos en blanco y uno nulo.
Sin embargo, el comité de empresa se niega a acatar el resultado y no firmará. ELA, LAB, CGT y USO han impuesto su mayoría dentro de la representación sindical para mantener su postura contraria al acuerdo. El motivo esgrimido es que para que la votación fuera realmente vinculante, deberían haber participado de la misma las 82 personas recientemente despedidas ya que dicho procedimiento masivo de extinción de contratos está pendiente de resolución judicial porque ha sido denunciado. Según estas secciones sindicales, en el caso de que en un futuro un juzgado declare la nulidad de los despidos, estos trabajadores se deberían reincorporar a la plantilla y por lo tanto se verían afectados por un ERTE sobre el que no han podido opinar.
Sin embargo, CCOO y UGT entienden que ahora mismo los despedidos no forman parte de la empresa y que simplemente es una excusa de los otros sindicatos para no acatar la decisión de los trabajadores. «Están demostrando que no son demócratas sino unos dictadores, como hicieron con la imposición de las últimas huelgas y paros», aseguran algunas fuentes consultadas por este periódico.
La asamblea celebrada ayer tuvo lugar después de que la solicitara un elevado porcentaje de la plantilla mediante la recogida de firmas. Esa actuación ha desatado una guerra interna, ya que la lista con los nombres de los firmantes se ha filtrado y algunos empleados denuncian haber sufrido acoso y amenazas por parte de otros compañeros. Estos hechos ya han sido puestos en conocimiento de la dirección, que asegura que realizará las pesquisas necesarias para que no queden impunes, y tanto Comisiones Obreras como UGT han anunciado su intención de presentar la correspondiente denuncia al entender que se ha podido incurrir en delitos de odio.