La Junta aprobará el 30 de enero la subida a funcionarios

SPC
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El decreto ley recibirá el visto bueno la próxima semana en el Consejo de Gobierno y se aplicará a los 83.900 empleados públicos con efecto retroactivo desde el 1 de enero

Los consejeros Ángel Ibáñez (i) y Fernández Carriedo, en una reunión con sindicatos celebrada hace unos meses. - Foto: Miriam Chacon (Ical)

La Junta trabaja ya en la aplicación del incremento salarial comprometido para los empleados públicos de la administración autonómica, según fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mantuvieron ayer una reunión para iniciar los trámites oportunos para la aplicación del incremento salarial anunciado por el Gobierno, según informa Ical.
Tras esta reunión, según se informa desde la Junta, se da inicio al mecanismo para hacer efectivo este incremento salarial para el cual se requiere de la aprobación de un decreto ley por parte del Consejo de Gobierno previsto para el día 30 de enero. Por esta razón, y siguiendo los cauces normativos, se ha iniciado el trabajo de elaboración del texto para que su aprobación sea inmediata y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020.
La Junta recuerda que la subida salarial aprobada por el Gobierno de España se aplicará de igual forma en Castilla y León, dando cumplimiento al acuerdo firmado por el Ejecutivo autonómico con los representantes públicos y que tenía vigencia para el periodo 2018-2020.
Poco antes de conocer la reunión mantenida por la Junta para la aplicación de este acuerdo, los sindicatos UGT y CSIF reclamaron la convocatoria de manera urgente de la Mesa General de los Empleados Públicos y del Consejo de la Función Pública para estudiar cómo se aplicará a los 83.900 empleados autonómicos la subida salarial aprobada por el Gobierno. 
Administración local

Asimismo, la secretaria autonómica de acción sindical de CSIF, Raquel Fernández, hizo extensivo el llamamiento para que se ejecute el incremento salarial del dos por ciento, a los responsables de las administraciones locales de la Comunidad, a las diputaciones y a los ayuntamientos, porque «todos los empleados públicos tienen que beneficiarse, cuanto antes, de la subida aprobada por el Gobierno de España, independiente de la administración en la que trabaje».
Finalmente, UGT planteó tratar también otras cuestiones retributivas como el 0,3 por ciento de fondos adicionales.