La Asociación de hosteleros Altamira prepara una demanda colectiva contra la Junta de Castilla y León, por su responsabilidad patrimonial en la gestión de la pandemia durante los tres primeros meses cuando estuvieron cerrados. El presidente del colectivo, Pepe Rey, explica que han iniciado el trámite, ya que tienen que entregar toda la documentación antes del 13 de marzo, para no sobrepasar el límite del primer estado de alarma y que no se rechace por el plazo legal.
En la asociación esperan incluir en la demanda a sus 70 socios , pero anima a otros establecimientos a sumarse. En Miranda podrían incluirse más de 200 hosteleros, y también pueden incluirse los que durante este tiempo hayan cesado su actividad. El cálculo que hacen en la asociación, establece que cada uno de los demandantes «presentará un mínimo de 3.000 euros de pérdidas en los meses que tuvieron que estar cerrados».
Si prospera la demanda, las indemnizaciones se calcularán de manera individualizada, por lo que cada uno de los que se adhieran tendrán que presentar la documentación que acredite sus pérdidas. Además, Rey remarca que el despacho de abogados solo cobrará si gana, con un porcentaje de cada uno de los demandantes.
La decisión de los tribunales no será rápida. «Esto va para años», matizan, y la asociación explicará esta semana todo el proceso a los interesados. Para ello harán reuniones telemáticas, pero también buscan un lugar para hacerlo de una manera presencial, porque entienden que pueden juntarse al ser un aspecto «de trabajo y no una reunión lúdica».
La demanda colectiva intentará resarcir a los hosteleros económicamente, alegando la responsabilidad patrimonial de la Junta, junto a una reclamación por «la expropiación forzosa» de su actividad. En el primer argumento, el tribunal deberá sopesar si ha existido una causa de fuerza mayor para la decisión, aunque los hosteleros compararán lo que se ha hecho la región con otras comunidades, incluso otros estados europeos, en los que sostienen que sí que han existido ayudas.
Toque de queda. La asociación trabaja para paliar las pérdidas de los primeros meses, pero no pierde de vista lo que ocurrió el martes con la decisión del Tribunal Superior sobre el toque de queda. En este sentido cuando salga la sentencia, acudirán a los tribunales si dictaminan que el adelanto a las 20.00 horas era ilegal, por lo que buscarán una compensación a las dos horas que «hemos estado cerrados durante un mes cuando sabían que no se podía», critica Rey, que destaca que esas dos horas «representan un pico de trabajo para nosotros, porque es el momento en el que sale la gente de trabajar».
Más allá de las acciones legales, Rey acusa al Ejecutivo regional de adoptar «medidas contra la hostelería», por el anuncio del presidente regional de clausurar las actividades no esenciales a las 20.00 horas. La hostelería consideran que el comercio no sale perjudicado «porque más o menos es a la hora que cierran», pero en su caso cortarán la actividad «y encima pretenden que nosotros echemos a la gente de las terrazas, cuando legalmente podrán estar en la calle».