Por lo general, los hijos son el principal punto de discordia de una pareja que ha tomado la decisión de separarse. Las pretensiones de los progenitores sobre los menores suelen dilatar el procedimiento desde el inicio, momento en el que, a menudo, suele fallar la mediación. No es de extrañar por tanto que en los últimos años el Juzgado de Familia haya experimentado un incremento de medidas de guardia y custodia compartida. En concreto, en 2018 tramitó 50 sentencias en las que acordó esta medida, lo que supuso un incremento del 40% con respecto al año anterior. Los últimos datos aportados por este órgano de decisión hacen prever un nuevo incremento también en este ejercicio, pues hasta el 31 de mayo decidió que tanto el padre como la madre se encarguen del menor en otras 19 ocasiones.
La guardia y custodia compartida es, en muchas ocasiones, mucho más importante que la patria potestad. Así al menos lo cree el magistrado titular del Juzgado de Familia de Burgos, Roberto Pérez Gallego, ya que, explica, «la tutela en exclusiva solo se concede en casos muy extremos», como son los asuntos de violencia de género u otro tipo de procesos penales en los que se ve inmerso alguno de los dos progenitores. No obstante, el juez matiza que en ocasiones en las que, por ejemplo, el padre o la madre se van a vivir a otra ciudad y apenas se hacen cargo de sus hijos, también se concede.
Fuera de estas excepciones, lo normal es que esta custodia compartida centre el grueso del procedimiento judicial. Esto significa, subraya Pérez Gallego, que ambos progenitores se presenten en el juzgado con discursos enfrentados: el padre que asegura que se ha ocupado siempre del menor y la madre que afirma lo contrario. Es aquí donde entran en juego los informes de los equipos psicosociales que pretenden dilucidar cuál es la situación real de la familia.
Sin embargo, en Burgos solo se puede hablar de un equipo psicosocial de dos personas, que dependen del Instituto de Medicina Legal y que soporta una gran carga de trabajo. Tanto, que el retraso desde la petición de un informe hasta su presentación es de aproximadamente 10 meses. Al año, suelen redactar unos 60 y las medidas acordadas por el Ministerio, que decidió reforzar el servicio con un psicólogo que se encarga de los 60 casos más antiguos, se antoja insuficiente si el objetivo es que, tal y como incide el titular de Familia, los documentos «sean de calidad, como lo son hasta ahora». La solución pasa, reclama, por dotar a este grupo de más personal, porque actualmente se ocupa también de los de violencia de género.
De la sobrecarga de trabajo del Juzgado de Familia se extrae otra lectura, que es la falta de eficacia de la mediación. Más de la mitad de las parejas que deciden poner fin a su relación llegan a un acuerdo antes de embarcarse en un proceso judicial. De hecho, el 60% de los asuntos se resuelven antes de llegar a una sala de vistas. Eso quiere decir que un 40% no es capaz de ponerse de acuerdo ni para terminar su historia, no solo antes y durante el proceso de separación, sino también después. Esta situación supone, además de una dilación en un procedimiento tan complicado que no es positivo para ninguna de las dos partes, una carga de trabajo extra a los órganos de decisión. Más si cabe en el caso de Burgos, que además de una mayor apuesta por los equipos psicosociales, solicita desde hace años diferentes medidas para agilizar la resolución de asuntos que, a día de hoy, son el doble de lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial.
Si nos centramos en las separaciones, nulidades y divorcios, el Juzgado de Familia ha ingresado hasta mediados de 2019 un total de 193 asuntos. Esta cifra hace prever un aumento del 10% a finales de año, ya que el pasado ejercicio concluyó con 351. Roberto Pérez Gallego matiza que este tipo de asuntos «no es la carga de trabajo más fuerte», sino todo lo que viene después: incumplimientos en el pago de la pensión, en el régimen de visitas, cambios en las condiciones económicas familiares... La solución podría llegar, en su opinión, con el coordinador de parentalidad, una figura profesional que funciona en otros países como mediador y como garante del cumplimiento de una sentencia.