El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, aseguró hoy que la Junta de Castilla y León está "plenamente comprometida" con la reducción de la temporalidad en la administración, hasta el punto que cuenta con un plan de estabilización del empleo público, pero reclamó la implicación del Gobierno de España para desarrollar una propuesta de regulación de los aspectos relacionados con la temporalidad en el Estatuto Básico del Empleado Público. "No puede ser que la buena voluntad que tienen las autonomías para solventar el problema del abuso de la temporalidad que afecta a miles de familias en todo el país sea resuelto de 17 modos distintos, por que eso generará una inseguridad jurídica horrorosa", subrayó.

Durante la firma del convenio con la Diputación de Valladolid para gestionar el Fondo Extraordinario de Inversiones de la Junta para municipios de menos de 1.000 habitantes, Ibáñez reconoció que la temporalidad en la administración pública supera los límites "de lo razonable", pese a los pronunciamientos de la Unión Europea y sentencias de tribunales españoles. De ahí que recordara, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Junta ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para abordar esta cuestión.

En todo caso, apuntó que la Junta de Castilla y León cuenta con una estrategia, que se tratará de consensuar con las organizaciones sindicales, de estabilización del empleo público que deberá cumplir con todas las cuestiones constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad. También será necesario dar un rango de ley al existir un procedimiento excepcional. "Son condicionantes que esperamos que sean desatascados con la necesaria participación del Gobierno de España", significó el consejero de la Presidencia.

Recordó que, con motivo de la toma de posesión del nuevo ministro Miquel Iceta, se dirigió a él para programar una reunión que, entre los asuntos más relevantes, debía abordar el tema de la temporalidad en el empleo público. La respuesta, según precisó Ángel Ibáñez, es que el ministro no puede aún recibirle por su "extraordinaria" y "compleja" agenda, aunque les remite a hablar con la secretaria de Estado.