El Ayuntamiento de Burgos ha dado un importante susto a la multinacional austriaca Kronospan al reclamarle el abono de alrededor de 400.000 euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que la Administración municipal le había eximido de pagar entre los años 2016 y 2019. El área de Tributos considera ahora que la maderera no podía beneficiarse de la bonificación del 50% del tributo que se concede a las empresas entre el tercer y el séptimo año desde el inicio de su actividad (en los dos primeros ejercicios están exentos del impuesto) y de ahí que haya comunicado a la compañía una declaración de lesividad del acto administrativo que se adoptó durante el anterior mandato del PP. En otras palabras, lo que ha hecho es desdecirse y afirmar cuatro años después que se equivocó.

Dado que el Ayuntamiento reconoce ahora que no actuó como debía, la Administración no tiene autoridad desde el punto de vista jurídico para obligar a Kronospan a pagar. Eso sí, para lograr su objetivo el Consistorio ha dado ya los pasos para presentar una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para reclamar por vía judicial el dinero. Será, por tanto, un juez el que decida si Kronospan tiene que pagar, o no, íntegramente el IAE de esos 5 años.

La diferencia en las interpretaciones surge porque en la multinacional han defendido que Kronospan inició su actividad en Burgos tras adquirir a finales de 2012 la empresa a Interbon, que se encontraba en ese momento en concurso de acreedores y al borde de su extinción. Sin embargo, los servicios técnicos del Ayuntamiento que ahora quieren obligar a la compañía a pagar sostienen que en realidad lo que se produjo fue una continuidad de una actividad que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo atrás. Y, por tanto, no corresponde ningún tipo de exención.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento parece haberse dado cuenta de esta circunstancia justo en el momento antes de que venciera el plazo que tenía para poder presentar la declaración de lesividad. Si se le concedía la subvención el 15 de octubre de 2015, era justo cuatro años después cuando se daba cuenta de la nueva postura que se había adoptado. Es decir, si espera dos días más no habría tenido derecho a cobrar lo que ahora exige.

¿Ha tenido algo que ver el nuevo Ejecutivo en que se exija ahora a Kronospan lo que no le reclamó la anterior Corporación? Fuentes del equipo de Gobierno defienden que la decisión no ha sido política y expresan su respeto a la autonomía de los técnicos municipales.

En Kronospan optaron por la diplomacia y en declaraciones recogidas por este periódico se limitaron a expresar su «sorpresa» por el giro de los acontecimientos. Eso sí , también añadieron aunque sin precisar más, que esta situación lo que hace es crear una «desconfianza a futuro».

La última palabra, en cualquier caso, la tendrán los tribunales que serán los que dirán si la multinacional tiene que pagar o no. Se demostrará, eso sí, si el Ayuntamiento se equivocó hace cuatro años o si lo hace ahora.

Kronospan llegó a Burgos a finales de 2012 y desde entonces, según han relatado en diversas ocasiones, ha invertido alrededor de 250 millones de euros en la fábrica de Castañares.