El Ayuntamiento de Aranda de Duero sancionará a la adjudicataria de las obras en las calles Moratín y avenida Burgos, la empresa Petrolam, con 91.672 euros por los retrasos en la finalización de los trabajos. En ambos casos se aplica una penalización del cinco por ciento de la concesión, siguiendo la Ley de Contratos, y que implica para las dilaciones en la avenida Burgos una multa total de 47.421 euros. Mientras que para las demoras en las calles Moratín, Maldonado, Juan Bravo y Padilla, la pena será de 44.251 euros. 

A partir de ahora se establece un nuevo plazo para la finalización de los trabajos en ambas zonas de Aranda. Para la avenida Burgos el día límite será el 18 de septiembre y para la zona de Moratín se establece el 31 de octubre. Si en dichas fechas no se han concluido las obras, el Ayuntamiento volverá a aplicar las mismas sanciones que decidió cerrar ayer en Junta de Gobierno Local. En total serían otros 91.672 euros los que tendría que pagar Petrolam al Consistorio de la capital ribereña, correspondiente al cinco por ciento ya citado en cada una de las dos reurbanizaciones acometidas.

La avenida Burgos aparentemente está terminada pero todavía quedan detalles por cerrar, como la rectificación de algunos accesos o la instalación de papeleras y otros elementos de mobiliario urbano. En cuanto a la zona de Moratín quedan muchos más detalles por concluir. Ya se han empezado a colocar los adoquines en las aceras y las zonas de aparcamiento, pero aún queda por acometer todo el asfaltado de la calzada.

Los retrasos en la finalización de los trabajos en avenida Burgos y Moratín están causando un gran descontento y muchas dificultades diarias a los vecinos. Varios se quejan de los problemas para sacar los vehículos de las cocheras, otros de los impedimentos para circular e incluso para caminar o acceder a los negocios. 

Si volvieran a repetirse los retrasos, el Ayuntamiento de Aranda se plantearía incluso la rescisión del contrato con Petrolam. Esto implicaría también la petición daños y perjuicios y que la compañía pierda la calificación para poder licitar públicamente en cualquier administración en España. Además el Ayuntamiento tendría que volver a adjudicar las obras, eso sí, con un dinero ya disponible al proceder, como explicó el portavoz del equipo de Gobierno de Aranda, Emilio Berzosa, de las partidas que no se han ejecutado.