Montefibre deberá abonar 582.716 euros a su exconsejero delegado en concepto de indemnización por haber prescindido de sus servicios. Así lo ha dictaminado la Audiencia Provincial de Barcelona, que revoca el fallo inicial que daba la razón a la empresa.  

Los hechos juzgados se remontan a 2017, cuando Montefibre decidió cesar a la persona que había ejercido como consejero delegado durante los últimos cuatro años al considerar que sus decisiones no habían sido correctas. La compañía le achacaba errores graves en los planes de viabilidad diseñados para reflotar la empresa, que obligaron a realizar a los socios mayoritarios un desembolso mayor del esperado sin obtener los resultados previstos. 

El consejero delegado fue contratado poco antes de que Montefibre declarara el concurso de acreedores, aunque la planta ya atravesaba graves problemas económicos. A pesar de que tenía dilatada experiencia en finanzas corporativas, nunca había trabajado en el sector textil. Entre las tareas que se le encomendaron estaba la de desarrollar un plan de negocio que permitiera la reapertura de las instalaciones, pero según se desprende de las pruebas aportadas por Montefibre, algunas de las medidas adoptadas no tuvieron el efecto deseado. 

Por ejemplo se detallan fallos de cálculo en el spread, término que se utiliza para definir al margen de beneficio entre el precio de venta de la fibra acrílica y el coste de la materia prima. Tampoco parece que los acuerdos comerciales con Argel y Turquía diesen la rentabilidad esperada, a pesar de que eran vistos como una fuente de ingresos rápida y segura. 

El detonante del despido fue una junta en la que el consejero delegado advirtió de que era necesario invertir de forma inmediata otros cinco millones de euros para evitar la liquidación de la empresa, algo que molestó a Praedium porque ya venía realizando aportaciones por encima de las cantidades estimadas inicialmente. Por ese motivo, se optó por despedir al directivo y poner a otra persona al mando de la compañía, una decisión que el afectado considera que fue «arbitraria, unilateral e injustificada». 

La sentencia dictada ahora por los tribunales estima que no se puede imputar al trabajador falta de diligencia ni incumplimiento de sus obligaciones contractuales ya que ni los estatutos de la compañía ni el contrato firmado establecían cauces específicos para regular el modo en el que el consejero delegado debía tomar las decisiones estratégicas de la compañía.

 De hecho, los jueces ni siquiera le responsabilizan exclusivamente de la falta de resultados económicos ya que valoran que hay otras circunstancias que influyeron. Por ejemplo se mencionan los problemas para poner en marcha la planta de polimerización, las incidencias con el suministro de gas que obligaron a realizar cuatro paradas que elevaron los costes, la disminución del nivel de disolvente, las demoras en el pago a los proveedores o el retraso en el cobro de subvenciones por parte de la Junta. 

Además, el fallo judicial remarca  que el exconsejero delegado mantenía un contacto fluido con Praedium, y que por lo tanto, el socio mayoritario era conocedor de la situación de la caja. «Era consciente desde su entrada en la compañía de las necesidades de tesorería necesarias para mantener la actividad», afirma la sentencia,  que aclara que Praedium no tenía intención de aportar más que los dos millones de euros iniciales, por lo que las nuevas aportaciones de capital (hasta 6 millones de euros) se produjeron «tras ciertas tensiones en la toma de decisiones al respecto». 

Por eso, los juzgados han estimado la apelación del exconsejero y Montefibre deberá indemnizarle con 582.716 euros, más del doble de lo que era su sueldo anual.