Los expedientes sobre reclamaciones del Impuesto de Plusvalías siguen creciendo y el Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería del Ayuntamiento de Burgos contabiliza ya 749 casos de personas físicas y jurídicas que tras la sentencia dictada en junio de 2017 por el Tribunal Constitucional defienden que están exentas de pagar el tributo o que incluso aseguran se les tiene que devolver lo que desembolsaron en su día. Es decir, que aseguran que han vendido una propiedad por un valor inferior al precio por el que la habían comprado y, en virtud del fallo judicial, no les corresponde abonar el impuesto.

De todas las reclamaciones que se han presentado, según los datos aportados por la Concejalía de Hacienda, ha habido 525 casos en los que sí se ha realizado el pago del impuesto, pero se está discutiendo si lo que procede es devolver el importe o si ese dinero debe quedarse en las arcas municipales. Por esta vía se han ingresado casi 3,3 millones de euros, que está por ver cuál es su destino final.

Por otro lado, también hay otros 224 casos en los que no se ha abonado el impuesto ya que el teóricamente afectado sostiene que su propiedad ha perdido valor.

El problema a la hora de resolver estos casos es múltiple ya que, al parecer, no se admite como única prueba las escrituras de que una propiedad se vendiera a un precio inferior a la que se compró. Por ello, el pasado verano se encargó a un economista que fue contratado durante 6 meses gracias al Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León que analizara algunas de las reclamaciones presentadas. El resultado fueron 18 expedientes en los que se tasaron 125 bienes (pisos, garajes...) y se concluyó que el Ayuntamiento sí tenía derecho a ingresar 353.000 euros y debía devolver (o no cobrar) otros 36.600. Es decir, interpretan en la Plaza Mayor que hay casos en los que se ha producido una minusvalía pero también hay otros en los que ha aumentado el valor de la propiedad.

El siguiente problema surge cuando el afectado decide presentar una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAm) para buscar una respuesta antes de acudir a la vía judicial. Pero aquí el problema se encuentra en que esta herramienta, imperativa para aquellas poblaciones que se rigen bajo el régimen de gran ciudad, lleva alrededor de un año y medio sin estar operativa.

Hace ya casi tres meses que en el Ayuntamiento, con el consenso del Ejecutivo y de los partidos de la oposición, se consensuó el nombramiento de sus tres integrantes. Sin embargo, la Junta de Castilla y León, para desesperación del Ayuntamiento, sigue sin conceder la compatibilidad a las dos docentes de la Universidad de León. El resultado, la acumulación de expedientes de todo tipo que no se terminan de resolver y que en muchos casos desembocan en la vía judicial. La idea del Equipo de Gobierno era que el TEAm se constituyera en el Pleno de noviembre, pero todo hace presagiar que habrá que esperar.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha tenido que enfrentar a varios pleitos sobre el cobro de plusvalías que han obligado al Consistorio a tener que realizar devoluciones por valor de 86.000 euros. Cifra que se corresponde con datos hasta el mes de julio, pero que probablemente se habrá incrementado en la segunda mitad del ejercicio. 

El concejal de Hacienda, David Jurado, afirma que puede compartir la sentencia del Tribunal Constitucional que consideraba injusto que tuvieran que pagar el impuesto quienes habían vendido una propiedad a un precio inferior al  que lo habían comprado. Pero al mismo tiempo no oculta su preocupación por la merma de ingresos que este criterio podría provocar en las arcas municipales. Y remarca la eterna petición que realizan  ayuntamientos como el de Burgos de que se mejore la financiación de las entidades locales.

Todo hace presagiar, a la vista de las reclamaciones que se acumulan en el número 1 de la Plaza Mayor, que la resolución de cada uno de estos casos llevará un tiempo. Será tras ese proceso cuando se verá el impacto para las arcas locales.