En octubre de 2018, el Ejecutivo de PedroSánchez aprobó un programa de ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina en los meses más fríos del año. Para el invierno que se avecinaba se destinaron 75 millones de euros, y podían apuntarse los beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre de 2018, así como el aquellos que antes de dicha fecha hubiesen presentado la solicitud completa, y si finalmente se resolvió favorablemente.
En la provincia de Burgos, según datos facilitados a este periódico por el Ministerio para la TransiciónEcológica, fueron cerca de 12.000 personas las que se aprovecharon de esta medida para aligerar un poco la factura. Las previsiones que manejaban desde Madrid era efectuar el pago de las ayudas entre los meses de enero y marzo, pero cuando restan nueve días para entrar en agosto, muy pocos burgaleses han recibido el reintegro en su cuenta bancaria debido a una serie de «complejidades técnicas» ocurridas durante el proceso. El principal inconveniente que se han encontrado desde el Gobierno es la domiciliación de este recibo y la obligación de tener que preguntarles, vía carta postal, si deseaban aceptar la ayuda concedida o, en cambio, decidían rechazarla. En caso afirmativo debían de especificar en qué cuenta deseaban cobrarla, si en la que tienen domiciliado el Bono Social Eléctrico o en otra diferente.

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