A los okupas de Francisco Cantera se les agota el tiempo para abandonar de forma voluntaria el edificio en el que residen ilegalmente desde hace más de un año. El coronavirus les ha dado una tregua, pero una vez retomada la actividad en los juzgados, la orden de desalojo es inminente. Solo falta que el Ayuntamiento ponga fecha a la actuación y cumpla con la obligación de notificar por última vez, trámites que se acometerán «en breve» adelanta la concejala de Urbanismo.
Después del requerimiento efectuado a principios de año, algunos de los inquilinos dejaron los pisos, pero otros se resistieron a salir de la propiedad. Con la intervención judicial se pondrá fin a un conflicto, que más allá de las molestias que genera a los vecinos de la zona, supone un problema de salubridad.
Precisamente es la degradación del inmueble la que ha hecho que el Ayuntamiento mueva ficha ya que la administración local no tiene competencia para desalojar, sino que en este tipo de procedimientos deben ser los propietarios de las viviendas los que denuncien ante los tribunales.
Sin embargo, Urbanismo sí que tiene la capacidad de dictaminar si un edificio reúne condiciones de habitabilidad. En el caso de Francisco Cantera 2, los técnicos municipales consideran que existe un problema de salubridad, por el vertido de aguas residuales al patio interior, así como riesgo de incendio ya que los okupas se han enganchado a la red eléctrica.
En un primer momento se instó al dueño del bloque a buscar una solución, pero al tratarse de una empresa en concurso de acreedores no era fácil exigir responsabilidades. De hecho los actuales moradores entraron porque los pisos estaban abandonados, aunque los locales de la planta baja sí que tienen actividad. El administrador de fincas que se encarga del cobro de los alquileres de dichos locales aseguró que se había puesto una denuncia pero que había sido archivada.
Ante este escenario, el Ayuntamiento tuvo que asumir la iniciativa ya que los pisos okupados están en pleno centro de la ciudad, justo en frente de la sede del Mirandés y el parque Antonio Machado. Tras otorgar un plazo para que los okupas abandonaran las viviendas de forma voluntaria, se procedió a judicializar la causa. Cuando todo estaba listo para proceder al desalojo se desató la crisis sanitaria, pero ahora se ha retomado la causa y en las próximas semanas se ejecutará la orden.
Más casos. Durante el estado de alarma se produjeron tres okupaciones más casi consecutivas. En la calle Dos de Mayo entraron de forma irregular en un portal de seis pisos que pertenece a una familia que los ha gestionado desde hace tiempo en régimen de alquiler, aunque en ese momento solo había uno arrendado ya que el resto precisaba reformas. Los propietarios de la Estación 54 también vieron como en plena pandemia los okupas se apropiaban de una de sus viviendas. En ambos casos los técnicos municipales han realizado una inspección, pero al no representar el estado de los inmuebles un riesgo, el Ayuntamiento no puede intervenir, aunque los particulares han presentado ya la correspondiente denuncia.
Tampoco los barrios periféricos se han librado de los okupas ya que en Bardauri los vecinos dieron la voz de alarma al observar movimientos extraños en una casa que hace tiempo que estaba deshabitada tras fallecer su titular. La familia también ha iniciado la vía judicial.