La implantación del registro horario en nuestro país cumple ya dos meses. Durante este tiempo, indican los sindicatos, «la mayoría» de las pymes y microempresas de la provincia, en torno a 13.000, que hasta entonces no controlaban la jornada laboral de sus trabajadores han ido adaptándose a la normativa, pero sigue habiendo alguna que ni lo ha hecho todavía ni ha dado pasos para ello. Por este motivo, UGT y CCOO ya han presentado alrededor de una decena de denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo contra las empresas que siguen incumpliendo una medida que es obligatoria desde el pasado 12 de mayo.
La aplicación de esta nueva normativa, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, fue aplaudida en Burgos por las organizaciones sindicales, que la consideraban útil para «desenmascarar» posibles fraudes, pero acogida con recelo por la patronal, que la veía «innecesaria» porque más que mejorar la productividad y competitividad de las compañías creía que iba a «aumentar su carga administrativa».
Tras la «incertidumbre» inicial y las «dudas» que aún siguen existiendo acerca de si registrar o no las pausas para el café o el cigarrillo, por ejemplo, actualmente «la mayoría de las empresas lo están haciendo bien», aunque también «hay algún pirata que intenta burlar la ley», indica Ángel Citores, secretario provincial de CCOO, que admite que «hemos puesto varias denuncias», pero no cifra cuántas, y que están «esperando pruebas» de alguna posible compañía infractora más para informar al respecto a la Inspección de Trabajo.
Más concreto es Pablo Dionisio Fraile, su homólogo en UGT, que cifra en «8 o 10» las denuncias interpuestas desde el pasado mes de mayo contra las empresas que vulneran la obligación de controlar la jornada laboral de sus trabajadores.
Ambos representantes sindicales coinciden en señalar que «principalmente» son pymes y micropymes las que incumplen la normativa porque la mayoría de las grandes empresas ya tenía instalado un sistema de registro horario, generalmente digital. Fraile reconoce, además, que entre los infractores hay, «sobre todo», negocios del sector servicios (restauración/hostelería), pero también compañías pertenecientes a la industria.
Muchas de las pequeñas y medianas empresas se han adaptado a la norma optando por un sistema manual para el control horario, aunque también hay algunas que han apostado por aplicaciones digitales para facilitar un registro que debe conservarse durante al menos cuatro años y permanecer a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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