La violencia y explosividad de la crisis económica y social que ha traído la pandemia se ha traducido en un récord histórico en el número de ayudas de urgencia social tramitadas y concedidas por el Ayuntamiento de Burgos.

Según cifras facilitadas por la Gerencia de Servicios Sociales, a falta de cerrar los últimos días del año ya habían entrado más de 2.000 expedientes frente a los 1.096 de todo el año anterior. De ellos se han concedido por encima de las 1.800 ayudas, lo que también implica duplicar las cifras de 2019, mientras que se han denegado por diversos motivos más de 260.

Tal y como confirma la concejala Sonia Rodríguez, se trata de niveles nunca vistos. Datos así ni siquiera se dieron en los peores años tras el ‘crack’ bancario e inmobiliario de 2008 y esto ha exigido un esfuerzo extra a las arcas municipales, pues el importe también se ha disparado al pasar de los poco más de 600.000 euros del ejercicio anterior al más de un millón del actual, y siempre a falta de los balances definitivos.

En 2014, el récord de la anterior crisis, se llegaron a conceder ‘solo’ 565.000 euros, lo que constata que esta línea de subvención municipal se ha reforzado en los últimos dos años, y más teniendo en cuenta que 2019 todavía fue un año de bonanza general.

Las ayudas de urgencia social, como su propio nombre indica, están concebidas para cubrir necesidades perentorias que no pueden esperar a otro tipo de convocatorias y que los solicitantes tienen que resolver en breve plazo de tiempo. De ahí que el mayor número de ellas se destinen a la llamada "subsistencia" y compra de alimentos, con alrededor de 1.275 ayudas concedidas, seguidas de las 326 que contribuyen a pagar el alquiler y evitan desahucios o de las 187 que permiten abonar facturas de suministros (gas y luz, principalmente) a quienes se han quedado sin ingresos y no tienen otra manera de afrontarlo.

La memoria anual provisional, que data del mes de noviembre pero que no sufrirá grandes variaciones, refleja que fue el mes de abril el que se llevó, con gran diferencia sobre los demás, la palma en cuanto al número de solicitudes. 210.000 euros, del total del millón gastado, corresponden únicamente al mes que siguió a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo.

En ese momento se acumularon ante los técnicos municipales decenas de solicitudes que desbordaron la capacidad de trabajo habitual y que obligaron a un esfuerzo extra de la administración. "Aquello fue una locura, aún no se habían cobrado los ERTE y la gente no podía salir de casa. Fue un momento crítico", añade Rodríguez, pero aun así los trámites pudieron ser resueltos en el plazo aproximado de dos semanas.

A la vista de la enorme demanda existente el Ayuntamiento duplicó la partida presupuestaria destinada a estas ayudas recurriendo al fondo covid. Finalmente no se gastará por completo, aunque andará cerca, porque el ritmo de solicitudes descendió con el fin del confinamiento, la recuperación de algunos empleos y la entrada en liza de otras ayudas sociales por parte de diferentes administraciones que pudieron aliviar poco a poco la situación de las familias.

Tras el verano, a lo largo de los últimos meses el ritmo de las peticiones de urgencia social se ha moderado, con la excepción de octubre cuando volvió a experimentar una notable subida "vinculada a la vuelta al cole y al comienzo de la época fría", comenta la concejala, cuando las necesidades de gasto de cualquier familia afrontan la prolongada cuesta invernal en forma de recibos de calefacción, más horas de luz y más gasto en casa.

Lo normal, un mes de espera. Mientras en el momento más crítico las ayudas llegaron a ser concedidas en dos semanas, ahora los plazos vuelven a rondar el mes de espera. "Los solicitantes tienen que pedir cita en Servicios Sociales, donde ahora están francamente saturados porque siguen atendiendo los temas normales y algunos sobrevenidos como las consultas sobre el IMV. Si hay una situación susceptible de recibir la urgente necesidad, se valora en una comisión y lo importante en esta ayuda, más allá de la justificación documental, es el informe del trabajador social, quien determina el grado de conocimiento de la familia y su situación concreta", concluye Rodríguez.

En cualquier caso, las ayudas pasan un penúltimo filtro en el área de Intervención y un último en Tesorería, que es quien ordena el pago. De ahí que todo el procedimiento se acabe alargando alrededor de cuatro semanas.