Un grupo de 25 propietarios acaba de formalizar ante la Junta de Castilla y León la Asociación de Viviendas y Apartamentos de Uso Turístico de Burgos (Viatbur). Es el primer colectivo que agrupa a los intereses de esta figura, que lleva varios años en constante crecimiento pero que hasta ahora no había tenido una voz para la defensa de sus intereses.

Reclaman principalmente un reconocimiento social como alojamientos de calidad y para ello quieren alejarse de los pisos ilegales que hacen una «competencia desleal» a los que cuentan con todos los permisos en regla. Pero también buscan desterrar la «mala imagen» que aseguran estar sufriendo entre la opinión pública por culpa de la mala fama en otras ciudades, más vinculadas a la fiesta y el llamado «turismo de borrachera», mientras solicitan a las administraciones una mayor claridad en su regulación.

Jorge Redondo, presidente del colectivo recién nacido, se dedica de forma profesional al sector de los viajes y a la gestión de alojamientos y explica que la idea de crear la asociación llevaba fraguándose desde 2017. «En aquel año empezaron a salir regulaciones normativas y me encontré un poco solo a la hora de abordar todas las cuestiones legales». Desde entonces, distintos avatares han ido postergando el registro de Viatbur, hasta que la superación del primer año de la pandemia les ha permitido ponerse en marcha tras haber recabado asociados mediante el boca a boca y el contacto a través de plataformas como Airbnb o Booking.

Cuenta Redondo que «el principal problema que tenemos es la mala imagen que se nos ha generado. Nos han metido a todos en un mismo saco, como si fuéramos Barcelona, Ibiza, la Costa del Sol o Madrid. Como si nuestros clientes mayoritarios vinieran a hacer fiestas, con gente joven y muchos problemas. Nos hemos visto señalados y por eso los vecinos creen que habrá ruidos y problemas al lado de su vivienda si se convierte en alojamiento turístico. Y sin embargo, diría que el 90% de los que vienen a Burgos son familias buscando un plan cultural para ver la Catedral, Atapuerca o el Camino de Santiago».

Niegan también la leyenda negra de los supuestos fondos buitres que compran edificios enteros y su vinculación a la subida en el precio de los alquileres porque «aquí en Burgos no existe eso, lo que hemos hecho muchos es arreglar edificios y viviendas del centro histórico que acaba mejorando la ciudad». Por el contrario, insisten en que la ciudad tiene una clientela «muy tranquila», pero para garantizar que todo siga controlado defienden la legalización de los apartamentos.

Su presidente calcula que en la provincia de Burgos cuentan con todos los permisos, tanto municipales como autonómicos, alrededor de 240 establecimientos. De ellos, en la capital habría 150. Y sin embargo solo el portal Airbnb ofrece unas 350 en la ciudad, así que el número de viviendas turísticas ilegales puede ser el mismo o incluso mayor que las regularizadas. «Nosotros hemos pagado unas tasas, declaramos impuestos, damos parte a la Policía de los clientes que registramos y sin embargo hay otros 150 alojamientos que no cumplen, y la administración te dice que no pueden hacer nada. Esa es mi guerra continua», lamenta Jorge Redondo.

una inversión notable. Él habla abiertamente de una «competencia desleal» de quienes «no tienen las viviendas dadas de alta porque no quiere pagar unas tasas que son bastante caras». En concreto, estima que de media pueden costar entre 3.000 y 4.000 euros sumando las tasas municipales, la insonorización y un proyecto que debe estar visado por un arquitecto.

A esto habría que sumar los distintos impuestos que los legalizados deben pagar por los ingresos que reciben y el engorro de esperar «hasta dos años» para recibir los permisos, pero Viatbur defiende la importancia de la legalización para garantizar un nivel de calidad y de seguridad en todos los alojamientos.

En un año tan difícil para el sector de la hostelería, y ante la desaparición casi absoluta de los viajeros por ocio, las viviendas turísticas están manteniendo el tipo gracias a personas que vienen a visitar a sus familias, sanitarios que quieren aislarse, docentes que deben trasladarse durante unas pocas semanas o trabajadores que vienen por negocios o para participar en construcciones o instalaciones. «Estamos sobreviviendo», resume Redondo, con la esperanza de que pronto la crisis sanitaria remonte y la movilidad resucite su sector, pero siempre desde la legalidad.

Los propietarios interesados en unirse a la nueva asociación pueden dirigirse al correo electrónico viatbur@gmail.com.