Los antiguos responsables de la cervecería restaurante Polvorilla acordaron con el Ministerio Fiscal la pena de 2 años de prisión por un delito de fraude a la Seguridad Social y devolver la cantidad que eludieron desde enero de 2013 hasta mayo de 2017, que ascendió, según el escrito de acusación, a 353.424 euros. De esta manera, el matrimonio acusado evitó la vista oral que estaba señalada para ayer en la Audiencia Provincial de Burgos. También tendrán que pagar una multa de 706.848 euros, el doble del importe defraudado, con la responsabilidad personal subsidiaria de impago de 3 meses de privación de libertad.
Según el Ministerio Público, los exdueños del negocio ubicado en la plaza de la Libertad trazaron un plan para no pagar las cuotas a la Seguridad Social, de tal manera que la propiedad sobre los ingresos y de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad se atribuían a la mujer con carácter privativo, así como a otras empresas, alguna de las cuales pertenecía también a la acusada. Solo se imputaban a la cuenta del Restaurante Polvorilla algunos ingresos mínimos y los gastos.
Los dos encausados tenían varios modus operandi. Por un lado, pusieron el datáfono con el que se realizaban los cobros por tarjeta de crédito a nombre de la mujer y los ingresos terminaban en una cuenta a su nombre. Otra de las maniobras tenía que ver con los bienes adquiridos. Los dos inmuebles en los que desarrollaban el negocio fueron comprados de forma privativa por la acusada en 1998. Para ello, lo financiaron con una hipoteca de 450.000 euros a nombre de una sociedad de la que era único administrador el marido. Luego su esposa transmitió los locales a dos empresas y en 2012 lo arrendó con opción a compra al Restaurante Polvorilla tras cancelar los préstamos ese mismo día.
Por último, los bienes muebles destinados a la explotación del bar, como la cafetera, los botelleros, los ordenadores o la cocina, fueron alquilados por la acusada en calidad de propietaria y arrendadora y se transmitieron a otra sociedad.
Además de la pena de cárcel y las indemnizaciones, el juez impuso a los antiguos propietarios del Polvorilla la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante 4 años.