El 17 de mayo de 1986, hace de eso ya 34 años, el Ayuntamiento cedió al Ministerio de Defensa una pequeña calle, de nombre Jerónimo Merino, ubicada tras el Palacio de Capitanía y que comunicaba para el paso peatonal (hasta que se colocó un vallado en sus dos entradas) las calles Concordia y Sanz Pastor. Para realizar la petición se había invocado por parte del capitán general de la Región Militar Pirenaica Occidental «razones de seguridad» y el Consistorio se accedió a ello. Unas motivaciones que ya no existen para el actual Ejecutivo socialista, que el pasado 21 de octubre firmó una resolución en la que daba a la Subdelegación de Defensa «el plazo de un mes» para «la retirada de las vallas». En caso contrario, se advierte en el escrito, el Ayuntamiento «incoará el oportuno procedimiento de ejecución forzosa en la modalidad de ejecución subsidiaria, cargándole a la misma el coste de la operación».

El concejal de Podemos, Israel Hernando, detallaba ayer que la Subdelegación de Defensa había recibido el escrito del Ayuntamiento el pasado 26 de octubre (hace hoy un mes) y no se tenía constancia, al menos hasta este martes, de que se hubiera producido algún tipo de contestación.

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