El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá que abonar a la empresa que construye la presa de Castrovido, FCC Construcciones, más de 8,3 millones de euros en concepcto de indemnización «por los daños y perjuicios derivados de suspensiones en la ejecución de las obras»  y como «compensación por los incrementos de los precios», señala el fallado de la Audiencia Nacional  (Sala de lo Contencioso) en el que estima parcialmente el recurso presentado por la constructora contra la resolución del Ministerio que desestimaba esas reclamaciones que arrancaron en el año 2011 y 2013.

La empresa constructora, tras desestimar el Ministerio de Medio Ambiente sus reclamaciones, presentó en 2016 ante la Audiencia Nacional una demanda en la que reclamaba más de 20 millones de euros, en concreto 16,4 millones en concepto de indemnizaciones pro suspensiones y 3,9 por el concepto de compensación de los incrementos de precios, solicitando además que esa cantidades se actualizaran desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, aplicando los oportunos intereses.

En la resolución de la Audiencia Nacional se estima parcialmente la reclamación de FCC Construcciones y se establece el pago de 7,6 millones como indemnización por daños y perjuicios derivados de varias suspensiones de las obras, no imputables a la constructora, además de los intereses desde noviembre de 2011, fecha de la reclamación administrativa. Además, por la revisión de precios se establece una compensación de 644.499 euros, además de los intereses desde julio de 2013, fecha en la que la empresa presentó esta reclamación por vía administrativa.

En la sentencia de la Audiencia Nacional se hace un recorrido por la ejecución del proyecto de construcción de la presa de Castrovido para regular el río Arlanza , proyecto que fue adjudicado en diciembre de 2003 a FCC Construcciones por un importe de 75,8 millones de euros, firmando el contrato en febrero de 2004 con un plazo de ejecución de las obras de 42 meses. Las obras arrancaron ese mismo mes, pero en septiembre la presidenta de la CHD ordenó la paralización de los trabajos hasta que se definiera la cota de la presa ya que había decidido rebajar el volumen de l embalse de 82 a 48 hectómetros. No es hasta finales de 2007 cuando se aprueba el segundo modificado del proyecto, por un importe de 14,2 millones, y se amplía el plazo de ejecución a 80 meses, finalizando en octubre de 2010. En total, por parte de los técnicos de la CHD se estima en 37 meses el cómputo total del tiempo de paralización de las obras y una indemnización de 21 millones, pero el Consejo de Estado decidió desestimar las reclamaciones y FCC presentó la demanda que ahora se ha resuelto.

De los 75,8 millones en los que se adjudicó la obra (está ejecutada al 98%) se ha pasado, según los últimos datos de la CHD a unos 240 millones, es decir el sobrecoste ronda ya los 164 millones de euros.