El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, apeló al pacto para la recuperación para que el PSOE respaldara el decreto de simplificación y agilización administrativa, algo que los socialistas rechazaron de plano por considerar que se «aprovecha la pandemia» para eliminar trámites medioambientales.
Igea defendió el decreto convalidado y recordó que se encuentra en el punto 34 del acuerdo. «Un pacto obliga a cumplir una serie de condiciones, sean más leales», reclamó, tras recordar que la Junta ha cumplido con los requerimientos socialistas como la apertura de los consultorios locales con cita previa o la paralización de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.
«Esperamos que ustedes cumplan y no pongan la carga en un solo lado, si quieren recaudar dejen a los empresarios al menos poder ganar dinero, no hay recaudación si no hay actividad empresarial, por eso hay que eliminar trabas», defendió Igea. El vicepresidente insistió en que este decreto no elimina «ni un sólo requisito medioambiental» sino que se «agilizan trámites».
Sin embargo, el procurador socialista Luis Briones rechazó el apoyo de su grupo porque el decreto parte de una «incongruencia» ya que, según justificó por informes jurídicos, «no se simplifica sino que se incrementa la actividad administrativa y modifica ocho disposiciones legales», según informa Europa Press.
Briones insistió en que es «un cajón de sastre que va a ocasionar lesividad al permitir una actividad con una simple comunicación al ayuntamiento, sin información pública, informes previos ni audiencia, es un disparate», explicó. El PSOE, que tampoco ve la urgencia del decreto, criticó que «se aproveche la pandemia para vulnerar trámites medioambientales», aseveró.
A lo largo de debate, pidió la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para dejar claro que el decreto no favorece la instalación de macrogranjas, ya que estas instalaciones sí requieren autorización previa y declaración de impacto ambiental. Asimismo, pidió a la oposición «ejercer una labor de control, no ser un muro para la actividad económica en los pueblos».
Pablo Fernández (Podemos) también lo rechazó por creer que «conculca» el ordenamiento jurídico. UPL también votó en contra, mientras que Por Ávila se abstuvo y Vox apoyó la convalidación.