«Abusiva e irracional» de esta forma califica el presidente de Asaja-Burgos, Esteban Martínez, la propuesta de presupuesto que ha realizado la Comisión Europea para la Política agraria Común (PAC) en el período 2021-27, aunque posiblemente no entre en vigor por el coronavirus hasta el 2022, ya que a su juicio no se entiende que en la misma se plantee un recorte del 9 por ciento en los pagos directos a los agricultores y del 6 en el caso de los fondos de desarrollo rural.

«No entendemos esta postura cuando estamos saliendo de una crisis sanitaria en la que se ha visto que el sector primario es esencial y estratégico al que hay que mantener y mimar», asegura Martínez, quien estima que las pérdidas para el campo burgalés, si se aprueba esa reforma en los términos actuales, alcanzarían los cien millones de euros solo en pagos directos durante ese período. A España dejarían de venir 35.000 millones de euros y a Castilla y León unos 693.

«Se trata de un dinero que viene a mejorar la economía de todos», asegura el presidente de Asaja, quien también critica el hecho de que en la propuesta se contemple una reducción del diez por ciento de la superficie de siembra, «que repercutirá en la producción de las explotaciones, ya que su rendimiento bajaría de manera estrepitosa, y la superficie baldía cuesta dinero mantenerla y la renta se tendrá que seguir pagando». Además, en el documento también se contempla una reducción del uso de abonos del cincuenta por ciento y de las materias activas que hay actualmente en los mercados, «lo que es un problema porque estamos viendo que muchas de las que tenemos no funcionan y las que lo hacen se están prohibiendo».

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