El proceso para la extinción definitiva de la Asociación Plan Estratégico, iniciado hace ya 4 años, sigue enquistado y parece abocado a que sea el Juzgado de lo Contencioso el que lo resuelva. En apenas un mes se ha notificado desde el Juzgado de lo Social Número 3 una diligencia de ordenación en la que se afirmaba que es el actual alcalde, Daniel de la Rosa, y no su predecesor, Javier Lacalle, quien debe presidir la comisión de liquidación y ahora otro escrito del tribunal frena un posible embargo al Ayuntamiento para pagar la deuda pendiente después de que el Consistorio niegue que deba nada.

Lo significativo de este enredo judicial es que el Ayuntamiento, apoyado un informe de Intervención, reitera que no tiene deuda alguna con el Plan Estratégico. Un jardín en el que, al no ser de su competencia, no va a entrar el Juzgado de lo Social. Y eso, salvo que exista un cambio en la posición de la Administración local, hará que esta discusión se dirima en el Juzgado de lo Contencioso. Porque es ahí donde van a acudir extrabajadores y proveedores (como el Festival Tribu) a los que, según algunas estimaciones, se les deben alrededor de 200.000 euros. 

En esa demanda que ya se anticipa, los acreedores pedirán dos cosas: que se reconozca que el Ayuntamiento tiene una deuda con el Plan y si no es así, que sea el responsable subsidiario de la misma. Para ello se apoyan en que se trata de una entidad del sector público ya que así, según defienden, es como la ve el Consejo de Cuentas y como la entendió también el Juzgado de lo Mercantil cuando afirmó, hace ya algún año, que no cabía un concurso de acreedores para una entidad de este tipo.

Aunque el camino hacia el Contencioso parece inevitable, antes deberán de resolverse otros detalles que no son menores. El Ayuntamiento, asesorado por los servicios jurídicos, ha recurrido la diligencia en la que se afirma que es De la Rosa y no Lacalle quien debe de liquidar el Plan. Y aquí, cabe la posibilidad de que se acepte el recurso y la comisión liquidadora siga sin reunirse o que lo rechace y se tenga que convocar. 

Llegados a este punto, a la comisión le tocaría reclamar las deudas pendientes (por vía judicial) y la situación se complica porque antes la comisión del Plan sí defendió que existían deudas del Ayuntamiento. Lo que sucede es que el área de Intervención del Consistorio no las reconoce.

Si se llega a esta situación habría que ver si la comisión liquidadora se desdice respecto a lo defendido hace años o si mantiene la tesis de que el Ayuntamiento debe dinero al Plan. Y comprobar al mismo tiempo la posición del alcalde como presidente de la Asociación y como regidor de la ciudad.

Fuentes del proceso avanzan también que se estudia, en paralelo al Contencioso, acudir a la vía civil y penal para denunciar administración desleal y, en caso de los cargos públicos, un delito de prevaricación. Pero eso, está por ver.

Algunos miembros de la comisión, para protegerse, han instado por carta al alcalde para que liquide el Plan.