La Junta de Personal de la Junta de Castilla y León solicitó, a petición del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el cese en la libre designación al jefe del servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial tras la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Burgos que condenó a la administración regional, el pasado 20 de octubre, a pagar 65.000 euros a un trabajador en concepto de indemnización al considerar probado que fue sometido a un acoso continuo sin que se hiciera nada para frenarlo. El acuerdo pide que, si no se lleva a cabo esta medida sancionadora, se revoquen cautelarmente las funciones del que consideran responsable directa de ese ‘mobbing’, al menos hasta que la resolución judicial sea firme.

La Junta de Personal considera, a este respecto, que el jefe de servicio de Medio Ambiente está «incurso en permanente causa de abstención con respecto al acosado», de ahí que soliciten, como mínimo, la suspensión cautelar de sus funciones. Por otro lado, la propuesta de CCOO reclama una investigación para conocer los detalles del protocolo que se llevó a cabo una vez se conoció la situación de ‘mobbing’ y también conocer los motivos por los cuáles, según se desprende de la sentencia, los últimos responsables, es decir el delegado territorial y el jefe de servicio, no tuvieron intención alguna de investigar la denuncia.

El fallo, que publicó este periódico a principios de este mes, valoraba la inacción de la Junta de Castilla y León a la hora de poner freno al acoso y de investigar los hechos. Así, incidía en el hecho de que el por aquel entonces delegado territorial, Baudilio Fernández Mardomingo, no se abstuviera en el proceso cuando la sentencia de 2017 había acreditado su «indiferencia», lo que, en opinión de la magistrada», revelaba «sin duda una intención de la Administración de no instruir debidamente la situación denunciada».

La jueza daba la razón a la víctima de acoso en el ‘puenteo’ que denunció en el desempeño de sus funciones. Según recalca, no era convocado a reuniones y actuaciones en las que «cabe entender que su presencia era lógicamente esperable», lo que provocaba el desconocimiento del recurrente en asuntos por los que otros interesados, principalmente autoridades locales, le preguntaban y no podía responder. Además, la sentencia no solo corroboraba este tipo de situaciones, sino que después de una primera sentencia se produjo un hostigamiento contra el trabajador.