La Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, cuya entrada en vigor en el año 2015 pretendía ayudar a las víctimas de manera jurídica y social para reparar el daño y minimizar los efectos traumáticos de un proceso penal, ha incrementado notablemente el volumen de trabajo de la Unidad de Valoración Integral de mujeres maltratadas, unos equipos multidisciplinares de psicólogos y trabajadores sociales en los juzgados especializados en esta materia. Es más, según recoge la memoria la Fiscalía del año 2018, el aumento ha derivado en un colapso de este servicio que gestiona el Instituto de Medicina Legal y considera necesario un refuerzo de personal.

El Ministerio Público explica que esta unidad no sirve de manera exclusiva al Juzgado de Violencia de la Mujer y desde hace más de un año ha incrementado considerablemente su volumen de trabajo, especialmente «en su tarea de intervención en la exploración a menores», donde, añaden, se percibe un incremento gradual de solicitud de pruebas preconstituidas que han terminado por ralentizar su funcionamiento y aumentar la demora de emisión de informes de manera ordinaria. El nuevo equipo se presenta, por tanto, clave para, según recoge la Memoria, «poder dar respuesta a las demandas judiciales de manera efectiva y rápida».

Esta no es la única demanda que realizan los fiscales de la jurisdicción burgalesa en materia de violencia de género. El documento que repasa lo acontecido el pasado ejercicio también hace constar los problemas derivados de la digitalización de la justicia, crítica que se extiende a la práctica totalidad de las áreas especializadas. En este caso, señalan que las funcionarias se ven obligadas a abrir manualmente y revisar todos los asuntos que llegan para seleccionar los que son de violencia de género, una problemática
que afecta especialmente a los juzgados de provincia.

Lamentan que no se haya producido ningún avance para solucionar esta problemática. De hecho, el Ministerio Público se muestra ciertamente contrariado, ya que no comprende qué dificultad puede suponer que los procedimientos vengan identificados con un
distintivo que haga constar que se trata de un asunto de violencia de género para permitir a la funcionaria asignar el procedimiento a los fiscales especialistas de manera inmediata.

La dificultad es mayor, según aseguran, en temas de familia, donde aunque se abran y se revisen no pueden ser identificados como asuntos ligados a otro penal de violencia de género.

MÁS DILIGENCIAS URGENTES 

Según la memoria, el Juzgado de Violencia contra la mujer incoa todos los procedimientos como diligencias urgentes, lo que favorece que los fiscales asuman el conocimiento de todos aquellos que entren durante su servicio de guardia. De hecho, asegura que el juicio rápido se ha demostrado en esta jurisdicción como una herramienta muy útil que aporta una mayor agilidad en la tramitación de los asuntos y que permite dar una respuesta muy rápida a las víctimas.

El documento redactado por la Fiscalía insiste también en que, en el caso de las conformidades, se evita también que la víctima sufra los efectos psicológicos adversos de un proceso penal largo, ya que, por ejemplo, no se le vuelve a someter a nuevos interrogatorios.También se limita, en su opinión, el efecto de retroceso que con frecuencia se produce en el acto del juicio oral.

La Fiscalía de Burgos destaca, por otro lado, la gran colaboración y coordinación que existe con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en violencia de género.

QUEJAS POR EL EXPEDIENTE DIGITAL Y LA FALTA DE PERSONAL

No hay un solo colectivo dentro del sistema judicial español que no haya mostrado ya sus quejas hacia la implantación del expediente digital. Deficiencias en las aplicaciones informáticas, caídas del sistema o falta de espacio que obliga a retrasar los procedimientos, son algunos de los ejemplos que han colmado la paciencia de todo el conglomerado de justicia, que no desperdicia ni una sola ocasión para expresar su malestar. Aunque los fiscales de Burgos reconocen el avance que supone en la tramitación de las causas, aprovechan la Memoria de 2018 para enumerar una serie de carencias que ven urgentes solucionar para no seguir generando pendencia.

Desde el Ministerio Público se pone de manifiesto las múltiples deficiencias de las tres aplicaciones necesarias para despachar los procedimientos: Visor, Portafirmas y Fortuny. Sobre esta última, por ejemplo, señalan que se trata de una herramienta de «registro y no de tramitación» a la que continuamente hay que «parchear» para que pueda ser útil. Todo el proyecto de digitalización, protestan, «ha sido implantado con improvisación y sin realizar las necesarias reformas estructurales». De hecho, consideran que estos programas han sido diseñados sin tener en cuenta la organización y forma de trabajar de las fiscalías. La lista de perjuicios que causan estas plataformas a los fiscales es extensa.

Probablemente llama la atención la ‘desconexión’ que existe, denuncian, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que provoca que no se puedan enviar digitalmente atestados y listas de detenidos al mismo tiempo que se envían a los juzgados. No obstante, para paliar este hándicap se han creado unas cuentas de correo a las que la Policía Nacional o la Guardia Civil remiten diariamente actuaciones que realizan para facilitar la ejecución de un juicio rápido.

Pero éste es solo el ejemplo más de una serie de problemas que la Fiscalía recoge en la Memoria de 2018. Entre ellos destacan la coexistencia entre el papel y lo digital en los procedimientos, la dificultad para proponer una prueba documental o las numerosas incidencias cuando un asunto excede de 200 acontecimientos, lo que dificulta el manejo del programa y ralentiza el funcionamiento del despacho.

Las quejas de los fiscales no solo se reducen a lo digital, sino que también consideran insuficientes los medios humanos con los que cuentan en la actualidad. Según apuntan en el documento, la plantilla en Burgos consta de 18 plazas de las cuales 12 son de segunda categoría y 6 de tercera, sin que se produjeran modificaciones el pasado año, ni tampoco en la manera de organizar y distribuir el trabajo. Además, cuentan con un total de 16 funcionarios.

El fiscal jefe de Burgos considera «totalmente inapropiados e insuficientes» estos efectivos para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, un órgano sobre el cual, destaca en la Memoria, «en el ámbito penal es un proyecto fallido que sigue sin ser rectificado».

Sustenta su crítica en que el reparto de las actividades de ejecución entre el servicio común y la UPAD implica «un sinfín de trámites vacíos de contenido».