El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de la hija del dueño de la empresa funeraria El Salvador, a la que se atribuyen los presuntos delitos de estafa y pertenencia a organización criminal. El Juzgado número 1 de la capital se inhibirá al Juzgado de Instrucción número 6, que es el que lleva la investigación de la causa, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Todos los investigados, en total 16, lo son en unas diligencias abiertas por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

La orden de ingreso en prisión se produjo después de que agentes de la Policía Nacional detuvieron hoy a L.M.V., de 33 años y sin antecedentes policiales, dentro del marco de la operación Ignis, que investiga una trama en la que presuntamente se cambiaron unos ataúdes por otros de menor calidad antes de proceder a incineraciones.

La investigación arrancó en 2017 a raíz de una denuncia de la propia empresa contra un extrabajador, ya jubilado, por un intento de chantaje, lo que destapó las sospechas entre los agentes. La primera fase de la operación arrancó el jueves a las 8.00 horas y finalizó entrada la tarde, con siete registros, dos en las oficinas, donde también se ubican los crematorios, y otros cinco en inmuebles particulares.

La actuación detectó casi un millón de euros en uno de los registros domiciliarios, en concreto 981.785 euros. Entre los detenidos, 13 hombres y dos mujeres, una tercera parte corresponde a directivos de la empresa y el resto trabajadores, pero todos ellos relacionados con el entorno mercantil de la firma. La empresa cometió supuestos delitos de estafa continuada y organización criminal, si bien inicialmente no se incluye el de profanación de cadáveres.