El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar ha declarado este jueves por el caso 'Soule' ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y ha asegurado que no tuvo nada que ver con los contratos presuntamente fraudulentos por los que se le investiga, dado que no era su labor dedicarse a esos asuntos, depositando la responsabilidad en la Secretaría General federativa.

El caso supuso la detención y posterior liberación con medidas cautelares de Villar, investigado por presuntos delitos de administración desleal y/o apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, que hoy ha respondido al interrogatorio sobre diferentes pagos como los recibidos por Adolfo Gil de la Serna, que entre 1999 y 2018 habría percibido 283.246 euros, y Julio Pérez Tomé, que desde 2009 y hasta 2016 se habría embolsado al menos 200.000 euros, justificados en contratos presuntamente ficticios y firmados a sabiendas de que ninguno de ellos prestaba ningún servicio. 

Además, al expresidente también se le imputan los pagos al hijo del presidente de la Federación Melillense de Fútbol, Diego Martínez, que habría resultado beneficiado con más de 100.000 euros entre 2012 y 2016, con base en una aparente contratación de servicios acordada en las oficinas centrales de la Mupresfe cuando él la presidía y a cuenta de la RFEF. Martínez, que estaba citado media hora antes de Villar, afirmó que aquellos dos contratos por servicios informáticos fueron legales y ha detallado ante el juez las condiciones en que se firmaron y recibió la retribución.