La naturaleza de un ayuntamiento es defender sus pueblos y sus bienes públicos, no abandonarlos ni regalarlos». Margarita Pérez Herrero, concejal del Partido Popular del Valle de Manzanedo, lo cree a pies juntillas y por este motivo lleva nada menos que una década librando una dura batalla legal contra la alcaldesa socialista del municipio, María del Carmen Saiz, y sus diferentes ediles a lo largo de este tiempo, así como con el copropietario de la empresa Fuente Humorera S.L., titular de un gran latifundio de unas mil hectáreas vallado por sus cuatro costados.
En su interior permanecen encerrados los restos de los pueblos de Rioseco, Fuente Humorera y Casabal, la iglesia románica de San Román propiedad del Arzobispado, un cementerio, una ermita, una plaza, un casa de concejo -posiblemente en ruinas-, un arroyo... y más de una veintena de caminos públicos. Al empresario, el Juzgado de Villarcayo ya le condenó en octubre de 2019 por el delito leve de usurpación de los caminos públicos que permanecían entonces cerrados a cal y canto. La regidora será juzgada el próximo 8 de marzo por un delito continuado de prevaricación por el que el fiscal le pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Fue en 2002 cuando se levantó el cierre perimetral de varios kilómetros en el norte del Valle de Manzanedo. Nació uno de los pocos latifundios de Las Merindades. El informe de impacto ambiental emitido por la Junta de Castilla y León obligaba a que el cierre cinegético respetara los numerosos caminos de dominio y uso público, que debían de «tener en todo momento acceso libre, conforme a su naturaleza y solo podrán ser cerrados con barrera practicable o paso canadiense». La realidad fue que en el acceso a muchos de esos caminos no se puso puerta de entrada y donde la hay se instaló un candado, que en algunos casos, no en todos, se ha retirado tras la sentencia condenatoria al empresario que le exigía «dejar libres y expeditos los caminos públicos, retirando los candados o los obstáculos que impidan el paso por ellos».
Margarita Pérez tras una de las tantas puertas que cierran los caminos del latifundio. - Foto: ValdivielsoA fuerza de carecer de uso los caminos se han ido desdibujando durante los casi veinte años que han pasado. Ya dice la canción que se hace camino al andar y por Fuente Humorera «nadie se atreve porque se encuentra problemas», asegura Margarita Pérez, a quien le gustaría que los senderistas pudieran disfrutar de sus paisajes o que si un nuevo adjudicatario se quedase con las 200 hectáreas de monte municipal que están dentro del latifundio, pudiera acercarse a ellas por un camino público. Desde hace veinte años, el adjudicatario siempre ha sido el dueño de Fuente Humorera S.L.
Así las cosas, sobre el terreno languidecen los caminos públicos, que solo sobreviven y, no todos, en las referencias del Catastro, pero también en la memoria de Margarita Pérez, quien guarda recuerdos de cuando iba a Villasopliz por el antiguo camino de Fuente Humorera y San Martín del Rojo. Igualmente, rememora como sus padres le han contado que los niños de Villasopliz, Fuente Humorera y Mudoval iban a la escuela de San Martín del Rojo por esos caminos.
La batalla está teniendo un sabor agridulce para la edil del PP, porque por un lado se han retirado candados de algunas puertas y ha logrado que la alcaldesa se siente en el banquillo de los acusados, al igual que los ediles y exediles Yolanda Álvarez, Marcos López Peña, Juan Carlos López Fernández y Moisés Fernández Peña y el secretario Enrique Rodríguez García. Pero por otro lado, el proceso judicial se ha dilatado tanto tiempo que «durante 16 años la alcaldesa ha hecho lo que ha querido», dice.
María del Carmen Saiz y sus ediles serán juzgados porque en junio de 2010, el pleno del Ayuntamiento decidió iniciar un expediente de recuperación de bienes de dominio publico usurpados, como recuerda el fiscal en su escrito de acusación y, si bien, el empresario reconocía la titularidad pública de los caminos y bienes, propuso que se permutarán sus poco más de 5 hectáreas por otras fincas de su propiedad de la misma extensión, alegando que los caminos se encontraban dentro de una finca única. Aquella decisión llegaba después de las insistentes denuncias y escritos del procurador del común, propiciados por la edil del PP.
Sin embargo, el Ayuntamiento renunció a la recuperación y meses después llevó al pleno la permuta, propuesta, que acabó suspendiéndose, porque la Junta de Castilla y León dictó una orden en 2012 en la que requirió al Consistorio que anulara el acuerdo de permutar los caminos por «infringir el ordenamiento jurídico», al carecer de interés público y tenerlo solo particular. El pleno dio marcha atrás y decidió iniciar la recuperación de los bienes, pero nunca ha actuado en ese sentido, según la denunciante, quien asegura que el Ayuntamiento debería conservar sus caminos y obligar al empresario a instalar pasos canadienses.
Nueva demanda en 2019. Al contrario, en 2017, el equipo de gobierno inició otro procedimiento, el de deslinde de los caminos, y con él acordó rectificar el inventario municipal de bienes y dar de baja 18 referencias catastrales que se corresponden con otros tantos tramos de caminos, que en su día se trataron de permutar y se consideraban bienes municipales. Así, muchos caminos «han quedado entrecortados», asegura Pérez. Por este motivo, la edil del PP presentó una nueva denuncia penal en 2019 contra la alcaldesa y sus ediles, aunque la ha dejado en manos del fiscal y ha retirado su acusación particular. El motivo es sencillo. La década de lucha judicial le ha costado tanto dinero y disgustos, que prefiere no rememorarlos. Informes periciales pagados de su bolsillo, los honorarios de su abogada y un número incontable de horas y de gestiones son parte del coste que está asumiendo con el apoyo moral de entidades como la Plataforma Ibérica de los Caminos Ibéricos. Con ella se realizó una marcha reivindicativa hasta la mansión de Fuente Humorera en 2017. No había vuelto hasta el día que acompañó a DB por los olvidados caminos del latifundio.