La Consejería de Familia incrementará el próximo año un 43% en el presupuesto, llegando a los dos millones de euros, para el programa de viviendas y apoyo a la vida autónoma con asistente personal vinculado a los itinerarios de inserción. Así lo anunció la consejera de Familia, Isabel Blanco, en la visita que hizo a una vivienda supervisada de Faema Salud Mental en Ávila, donde también aprovechó para anunciar la ampliación del recurso de asistencia personal a nuevos colectivos. Allí, reivindicó la figura del asistente personal como un recurso fundamental en la atención a las personas con discapacidad y como posibilidad para tener un proyecto de vida, al tiempo que destacó que se trata de una figura «muy importante». De ahí el apoyo del presupuesto en el programa específico de viviendas y apoyo para la vida independiente, que financia tanto el servicio de asistencia personal, como la vivienda que el usuario necesite como complemento al desarrollo de las acciones formativas.

Durante su visita recordó que con este programa se financiaron 61 viviendas y se atendieron a 119 personas con discapacidad en el último ejercicio mientras que en 2022 se destinarán dos millones de euros frente a los 1,4 de este año. «La figura del asistente personal persigue facilitar a las personas su autonomía, su integración dentro del mercado laboral y facilitar una normalización de su vida diaria», aseguró Isabel Blanco, que también recordó que Castilla y León es la segunda comunidad que más prestaciones de asistente personal tiene, con 1.561, de las que 576 corresponden a personas con enfermedad mental, mientras que el ocho por ciento del total de prestaciones atiende las necesidades de menores de 4 a 17 años dado que «el asistente personal es una figura que se da en todas las edades».

Hay que fomentar e incrementar esta figura, insistió la titular de Familia, que también recordó que es un yacimiento de empleo puesto que se apuesta por la formación de personas con discapacidad para que sean asistentes personales. El año pasado hubo 95 personas, de las que 69 tenían enfermedad mental y casi el 40 por ciento logró un empleo y «entendemos que es una de las líneas en las que nos tenemos que seguir implicando». El fomento de esta actividad está demandado por asociaciones como Faema, con la que se tiene una colaboración y para la que se visitó una de sus 15 viviendas supervisadas en Ávila, en las que residen 67 personas. Es una labor que se realiza para mejorar la calidad de vida de un colectivo formado por 30.000 personas en Castilla y León, unas 2.100 en Ávila.

El servicio de viviendas supervisadas se enmarca en un nuevo modelo de atención sociosanitaria a la enfermedad mental, sustentado en la coordinación entre los servicios sociales y el sistema sanitario, dirigido a ofrecer los apoyos que necesite cada usuario.