Dos poetas burgaleses, Ricardo Ruiz y Pedro Olaya, fueron los primeros en encender una chispa revolucionaria que ahora amenaza con incendiar la República de las Letras, territorio poético, de la creación y el sueño, que se ha revelado poco o nada diferente al de ámbitos más pedestres y en el que la sombra de las corruptelas parece alargarse, amagando con tiznarlo todo. La bomba estalló en Burgos, tras el fallo del Concurso de Poesía ‘Ciudad de Burgos’.
Encargados de la preselección de los poemarios (criba que ahorra al jurado la tediosa tarea de tener que leerse todos los trabajos), los citados poetas burgaleses, después de conocer la decisión del sanedrín del certamen -que otorgaba el galardón al poeta granadino Daniel Rodríguez Moya- , montaron en cólera y denunciaron públicamente, a través de una carta a los medios de comunicación, que el poemario elegido no se hallaba entre los preseleccionados; hecho que, a su entender, confirmaba «las sospechas que se ciernen sobre la credibilidad, honestidad y limpieza de los premios literarios en España».
Ruiz y Olaya hacían hincapié en que el jurado había premiado «un trabajo que, dada su escasa calidad, no había sido seleccionado previamente y que no dudaron en incluir entre las obras finalistas para, sin recato ni pudor alguno, otorgarle el reconocido premio poético», circunstancia que ponía en entredicho la «credibilidad y honestidad» de ambos preseleccionadores amén de airear «la impunidad, desvergüenza y amiguismo» existente entre determinados editores y autores, señalando claramente al sello Visor, editor del premio, y a algunos de los miembros del jurado vinculados a esta editorial, como el presidente del ‘Ciudad de Burgos’, el poeta granadino Luis García Montero.
Éste, por su parte, se defendió argumentando que cuando al responsable de la editorial o a un miembro del jurado le llega la noticia de que «alguien» (¿?) se ha presentado al premio, tiene derecho a pedir que su libro se añada a la deliberación. Y añadió que esa «es la costumbre establecida en la inmensa mayoría de los concursos literarios y eso es lo que ocurrió en el Premio Ciudad de Burgos». Sobre esta afirmación, Félix Maraña, editor y periodista, montó en cólera: «Eso será en su pueblo», respondió en un artículo.
Aquella denuncia tuvo repercusión nacional. Decenas de periódicos se hicieron eco, y aunque hasta entonces todo había sido silencio, aquí y allá fueron surgieron voces que se sumaron a la denuncia de los poetas burgaleses y manifestaron que aquella actitud era moneda de cambio habitual en no pocos premios.
‘Mafia poética’, ‘bajeza moral’ y otras perlas similares comenzaron a volcarse sobre Visor y algunos de sus autores de cabecera. Hasta el punto de que hace unos días, en la revista El Cultural, una nota se informaba de que un casi un centenar de poetas «indignados» con estas maniobras a su entender manipuladoras se hallaba preparando una «carta incendiaria».
En esta misiva, segúnEl Cultural, se recogerá esta denuncia: que el editor Chus Visor y el poeta Luis García Montero «dirigen en alguna ocasión la selección de originales y que premian siempre a autores vinculados a la editorial Visor, a la Facultad de Filosofía de Granada (donde García Montero ejerció la docencia) o a ambas entidades y mencionan como beneficiarios a Raquel Lanseros, Rodríguez Moya o Fernando Valverde».Según la revista literaria, esta protesta estará firmada por autores como Jordi Doce, Julio Mas, Manuel Rico o Gsús Bonilla, entre otros.
Félix Maraña, editor y periodista, fue uno de los intelectuales que con mayor rapidez se aprestó a subrayar en público (en un artículo publicado en el suplemento Lecturas del Grupo Correo) la valentía de los dos poetas burgaleses. Maraña, que siempre denunció la falta de coraje o el miedo de muchos escritores a poner de manifiesto realidades como ésta -«Los poetas no salen a la palestra, porque saben que quien hable, lo paga»-, asegura que lo que hace Visor «no tiene nombre».
¿Y ahora qué?
Ruiz y Olaya pidieron al Instituto Municipal de Cultura, entidad que convoca el ‘Ciudad de Burgos’ -dotado con 7.200 euros y la edición de la obra- que rompiera cualquier tipo de relación empresarial o literaria Visor «para evitar que tanto el prestigio como el buen nombre de la institución burgalesa quede en entredicho debido al indigno y lamentable proceder de esos renombrados adalides de la poesía y de la cultura».
No fue así. Convencido de que el jurado había obrado bien, la respuesta del máximo responsable de este organismo y concejal de Cultura, Fernando Gómez, fue que, para evitar futuras polémicas, se estudiará realizar cambios en las bases del certamen o bien ajustar algunos de los mecanismos de funcionamiento interno, como es el caso de utilizar preseleccionadores.