La especial protección del entorno en el que se encuentra el Archivo Municipal de Castilfalé, entre dos patrimonios de la humanidad como son la Catedral y el Camino de Santiago, y los precedentes con el fallido concurso con su ampliación han hecho que el Ayuntamiento se haya dirigido a Icomos, el organismo asesor de la Unesco en temas de patrimonio, para invitarle a participar en el nuevo concurso que se quiere convocar. La entidad ha aceptado y enviará a uno de sus miembros a las reuniones.  

El nuevo concurso se quiere lanzar antes de fin de año al contar con una partida de 40.000 euros. Será similar al de hace tres años aunque se han excluido del pliego de condiciones los aspectos que causaron problemas en el anterior. El primer premio estará dotado con 20.000 euros y el compromiso de encargo del proyecto y dirección de obra. La idea que quede en segundo lugar obtendrá 10.000 euros y habrá tes accésit de 3.000 € cada uno para incentivar la participación del mayor número de equipos. 

El Jurado podrá acordar la mención de cuantos proyectos considere merecedores de tal distinción, sin que ello suponga contraprestación económica alguna. El pliego definitivo está siendo informado por Intervención pero la idea es que el concurso se publique antes de que concluya este año. «Es una muy buena noticia que Icomos forme parte del jurado, dado que si todos los organismos que tienen que opinar van de la mano no habrá riesgo de elegir un proyecto que luego se cuestione», aseguró el concejal de Fomento, Daniel Garabito. 

Las instalaciones del archivo se quedaron pequeñas hace años para acoger todos los documentos que debe custodiar y el Ayuntamiento adquirió la parcela de al lado para ejecutar la ampliación. Convocó un concurso en 2017 al que se presentaron 14 propuestas, de las que 7 quedaron finalistas. El jurado eligió la de los arquitectos valencianos María Dolores Contell y Juan Miguel Martínez.

Se firmó el contrato y los arquitectos comenzaron a trabajar en el proyecto pero se presentó un recurso por parte de Daniel Fernández-Carracedo, otro de los arquitectos que había optado al concurso. En el mismo argumentaba que la idea ganadora obligaba a elaborar un estudio de detalle de la parcela y eso estaba en contra de la bases del concurso y el Ayuntamiento decidió anular la convocatoria.