La página 438 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene una curiosa sorpresa. En la disposición adicional centésimo primera, a unas alturas del documento que casi nadie llega a leerse, aparece un ‘regalo’ del Gobierno al organismo creado para organizar los fastos de la Copa América hace ya 13 años y que acumula una deuda gigantesca.
Concretamente dice que la administración «asume la deuda que el Consorcio Valencia 2007 tiene frente al Instituto de Crédito Oficial en virtud de escritura pública de fecha 6 de septiembre de 2005». Ahí no se dice cuál es la cantidad, pero la prensa valenciana, que ha celebrado en los últimos días la condonación de esa losa, la sitúan entre los 350 y los más de 400 millones de euros.
Valencia y Burgos mantienen una conexión sentimental desde la Edad Media gracias al Cid, pero ahora la influencia puede venir a raíz de este precedente, que abre una puerta a que el Estado asuma también la deuda que el propio ICO (la banca pública estatal) mantiene con el Consorcio del polígono industrial de Villalonquéjar y que apenas llega a los 42 millones, diez veces menos que el ejemplo levantino.
Así lo cree el senador del Partido Popular y exalcalde de la ciudad, Javier Lacalle, quien junto a su compañera Cristina Ayala prepara una enmienda a los presupuestos en la que se exige el mismo trato. «No se podría entender por nadie que existiera un claro agravio comparativo desde el Gobierno, asumiendo la deuda con una entidad financiera pública en unos lugares del territorio nacional y no en otros. Y más en estos momentos», recoge en su reclamación al Gobierno que tiene ya lista para su presentación.
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