La Ruta 114 se nombró ayer decenas de veces en una de las salas de la Audiencia Provincial. Se juzgaba si hubo o no amaño de, al menos, esa ruta de transporte escolar en el concurso que la Dirección Provincial de Educación convocó en 2011 y que decidía qué empresas se iban a adjudicar cada una de las 230 rutas de la provincia durante varios cursos. En juego había varios millones de euros. La acusación contra el jefe del Servicio de Gestión Económica y Contratación de la Dirección Provincial de Educación, Fernando Antolín, se basa en la presunta presencia de su letra, mejor dicho, de sus números, en la oferta que la empresa Muñoz Callejo presentó para la ruta que conducía al colegio Princesa de España de Villarcayo. Tanto el grafólogo que actuó como perito judicial como el de la acusación reiteraron que quien escribió las cifras de la oferta económica e incluso el número 114, correspondiente a la ruta, fue Fernando Antolín, lo que el acusado negó. Una perito de la defensa afirmó, en cambio, que la caligrafía era del empresario Ángel Muñoz, como él sostuvo.

El perito de la acusación pidió dos cuerpos de escritura distintos de Fernando Antolín, uno en 2014 y otro en 2016, porque en el primero «no había suficientes números y tampoco el signo del euro». En el segundo analizó «distancias, proporciones... y llegué a la conclusión de que esta persona  había escrito estas cifras», las de la oferta. El perito judicial dijo que con el primer cuerpo de escritura hecha en 2014 «podría haber sido suficiente». «Con el segundo llegué a una conclusión más certera. Los guarismos de la oferta fueron realizados por Fernando Antolín», indicó.

el armario. Para comprender qué pudo suceder y cómo pudo aparecer la posible letra del funcionario en el documento hay que comenzar por el periplo que seguían los sobres de las ofertas una vez se registraban en el edificio de Edinco, sede del Negociado de Contratación de Educación en Burgos. La fiscal centró parte de sus esfuerzos en desentrañar ese recorrido y si pudo haber alguna posibilidad de que los sobres de alguna oferta fueran abiertos, manipulados y cerrados en el intervalo de diez días que hubo desde que las ofertas económicas se guardaron en solitario, separadas de la documentación administrativa, y con los nombres de cada ruta a la que pertenecían escrito en su exterior, hasta que se celebró la Mesa de Contratación. En ella se abrieron casi un millar de sobres, pues había de 4 a 6 ofertas para cada una de las 230 rutas.

Los cuatro funcionarios interrogados, incluido el acusado, negaron cualquier posibilidad de manipulación. Pero entre ellos hubo contradicciones. Quién custodiaba esos sobres durante los 10 días que pasaron en el Negociado de Contratación tuvo respuestas variopintas. Fernando Antolín, que fue secretario de la Mesa de Contratación, afirmó que eran los cuatro funcionarios de este negociado. El jefe de este negociado, Valentín Saiz, vocal en la Mesa de Contratación, que el armario donde se guardaban «no está cerrado con llave» y «cualquiera puede acceder» a los sobres. Cándido Palacio, presidente de la Mesa de Contratación, afirmó primero  que era «solo Valentín» quien tenía «acceso a los sobres», pero luego que «existía la posibilidad de que cualquiera abriera el armario». Una pregunta clave a este funcionario desveló que el acusado Fernando Antolín «podía estar solo por las tardes -en Educación- o con más gente».

El segundo baile de respuestas fue sobre quién abrió los sobres de las ofertas durante la Mesa de Contratación y pudo percatarse de la posible manipulación. El acusado dijo que esa tarea fue solo de Valentín Saiz pero este último afirmó que él abrió «algunos y Fernando, otros». Hubo más respuestas contradictorias, pero parece normal que muchos sobres lleguen apuntalados con celo. La Fiscalía pide a Antolín 4 años de prisión, 154.380 euros en multas y 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como 1 año y 10 meses de prisión al empresario, 91.440 euros y 4 años y 3 meses de inhabilitación.

Muñoz Soto se quedó 8 de 8

La empresa Muñoz Soto solo perdió una de las nueve rutas por las que pujó debido al derecho de preferencia de las empresas que realizan el transporte regular por ese trazado -ya anulado por Europa, pero en 2011 aún vigente-. En el resto se quedó con las ocho rutas siempre con la mínima cantidad económica. En la Ruta 114 hubo cuatro empresas más que pujaron. Se puntuaba la oferta económica y la antigüedad del vehículo. Muñoz Callejo se prestó a hacerla por 49 euros diarios y con un vehículo del año 2000. José Ramón Mena, la empresa del denunciante Alfredo Callejo, la hubiera hecho por 50 euros diarios con un autobús de 2003; Autobuses Abilio, de Medina, por 52 euros y autobús de 2001; Riojana de Autocares, por 60 euros y autobús de 2008;y Autocares Castilla y León (Alsa), por 64,8 euros y vehículo de 1997. Esta última empresa no ejerció su derecho de preferencia, con el que podía haber realizado la ruta al precio de la oferta más baja, que era la del acusado Muñoz Callejo.

Para manipular la oferta de Muñoz Callejo tuvo que ser necesario conocer qué contenían los sobres de estas otras cuatro empresas. El empresario José Ignacio Barredo, de Autobuses Barredo S.L., afirmó que su sobre «se podía leer al trasluz bajo un extractor de cocina». Así que cabe la posibilidad de que no tuvieran ni que ser abiertos. En todo caso, cuando a Fernando Antolín se le preguntó si era normal que Muñoz Callejo se llevara cuatro de ocho rutas por el precio mínimo, contestó que «si, porque son líneas deficitarias». Sin embargo, cuando se le preguntó al responsable de Alsa por qué no había ejercido su derecho de preferencia en la 114 contestó que «por motivos de empresa» y negó los económicos. Barredo también afirmó que «no eran rutas deficitarias», sino que «todas eran interesantes».

El próximo día 25 se leerán las conclusiones del juicio y quedará visto para sentencia.