La aprobación de los Presupuestos de Castilla y León para el próximo año dio ayer un nuevo paso tras la entrada del proyecto de Ley en las Cortes para que arranque su tramitación parlamentaria. El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que fue el encargado de registrarlo en el Parlamento autonómico aseguró que el 77 por ciento de los gastos presupuestados tienen «un vinculación con alguno» 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20/30 de la ONU. «Los presupuestos tienen una vinculación muy alta con los ODS», indicó, para explicar que el objetivo que no tienen consignación es el dirigido a la protección de los océanos «por razones obvias». Además, cifró en 455 millones de euros el gasto covid consignado en los presupuestos de la Comunidad, de 2022 y exigió de nuevo un fondo al Gobierno central para poder afrontar estos desembolsos.
El titular autonómico indicó que la covid persiste y genera un «gasto evidente» en educación, en un curso en el que se mantendrán las restricciones de espacio al menos durante todo el curso, hasta junio, con la contratación de 1.300 docentes nuevos como consecuencia de la necesidad de «duplicar las aulas». Aseveró el consejero que la covid también impactará en el gasto en servicios sociales, en familia, y en Sanidad, porque habrá que abordar la tercera dosis de vacunaciones.
Durante su intervención, el consejero repasó de nuevo las grandes cifras de la Comunidad para el año que viene, con 12.385 millones, la cifra más alta de la historia, con una subida del 4,4 por ciento, y criticó al PSOE por anunciar una enmienda a la totalidad prácticamente durante el registro del documento en las Cortes. «Son muy rápidos en analizar el presupuesto, les felicito», dijo. Así, trasladó a los socialistas que sería fácil ponerse de acuerdo en exigir al Gobierno más partidas del modelo de financiación y un fondo para hacer frente a os gastos covid, si es que quieren un presupuesto «más ambicioso» porque las cuentas crecen por las partidas europeas, la devolución del IVA de 2017 y el aumento de los ingresos propios.
En cuanto al IVA, precisó que han presupuestado 190 millones, que incluye los intereses de 455.000 euros que genera la deuda cada mes, bajo la previsión de que el Gobierno abone esa cuantía en el mes de enero. Sin embargo, reconoció que «nada nos ha dicho a día de hoy sobre esto el Gobierno» y defendió que el Ejecutivo autonómico ha sido «extremadamente prudente» en esta materia. Al respecto, recordó que la sentencia del Tribunal Supremo reconoció sus esfuerzos de diálogo.
Carlos Fernández Carriedo defendió las cuentas elaboradas por su departamento, que definió como «realistas y prudentes» y ensalzó que consolidan el gasto público en servicios sociales a pesar de su alto nivel alcanzado durante la pandemia, y trasladan más de 2.000 millones de euros al incentivo económico, con un «claro compromiso con el medio rural».
Carriedo destacó la apuesta por los beneficios fiscales en estas cuentas, que supondrán un ahorro global para 470.000 personas de 509 millones y se detuvo en la exención temporal de las tasas para la obtención de certificados dentro del proceso de evaluación y acreditación de las competencias. El consejero también analizó la deuda de la Comunidad, y se felicitó por la rebaja en el pago de intereses, del 6,1%, con 224 millones de euros, gracias a la renovación de créditos a tipos más ventajosos o incluso negativos.
Para finalizar, indicó que la presentación de las cuentas, según sus cálculos encajan para su aprobación antes de que concluya el año por parte de las Cortes, aunque asumió que deberá ser la Mesa del Parlamento regional quien fije el calendario.