La avalancha de solicitudes de prestaciones económicas de urgencia social ante la administración municipal ya se ha traducido en cifras contundentes. En lo que va de año el número de ayudas concedidas ya ha superado a todas las de 2019, cuando ni siquiera han transcurrido los cinco primeros meses.

Según datos facilitados desde la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos hasta el día 20 de mayo se había dado el visto bueno a 944 asignaciones frente a las 939 que salieron adelante a lo largo del ejercicio anterior. Si en todo el año pasado se concedieron algo más de 600.000 euros, en esta ocasión la cifra ya va por los 540.000, y subiendo.

El ‘boom’ de necesidades inaplazables está directamente relacionado con las consecuencias socioeconómicas del estado de alarma que ha dejado a muchas personas sin ingresos de forma repentina. De ahí su consideración de ayudas urgentes. Solo desde el día 16 de marzo, cuando entró en vigor, la administración local lleva concedidas 724, lo que supone el 76% de todo este año.

El tsunami de emergencia social ha obligado, y sigue haciéndolo, a una labor muy importante por parte de los departamentos implicados, principalmente los Centros de Acción Social (CEAS) situados en los distintos barrios y desde los que se atiende a los vecinos. Con las dificultades propias del confinamiento, mediante teletrabajo, atendiendo por teléfono o a través del correo electrónico, «ha habido un gran esfuerzo de adaptación y de compromiso en los Servicios Sociales», tal y como subraya la concejala Sonia Rodríguez, quien subraya el desempeño de los trabajadores “siendo proactivos» y yendo más allá de sus simples obligaciones, «reorganizando recursos» y tratando de llegar al máximo de personas y en el menor tiempo posible.

Atendiendo al tipo de ayudas concedidas, las necesidades básicas de alimentación se llevan la palma con casi tres cuartas partes de las urgencias, seguidas muy de lejos por la contribución al pago del alquiler para evitar desahucios o los gastos de luz y gas para quien ni siquiera puede iluminar, cocinar o calentar su casa.

Importe variable. Dependiendo de las necesidades y de la situación de cada familia, explica Sonia Rodríguez, los importes son variables. «No es lo mismo una ayuda puntual que otra que se prolonga durante unos meses, se estudia la implicación de la persona en su proceso de inserción social y en la búsqueda de alternativas, su compromiso por salir adelante y sus necesidades». 

De media, añade, el importe es de entre 300 y 400 euros pero siempre con «una intervención social asociada» aunque a lo largo de las últimas semanas, y por los propios condicionantes de la restricción de movimientos, reconoce que la labor no ha podido ser tan intensa con las familias que no conocían previamente, además de acortarse los procedimientos y los requisitos que se habrían exigido en circunstancias normales.

De cara a los próximos meses, y aunque se prevé que la situación económica siga siendo dura durante un largo tiempo, la concejala confía en que «el Ingreso Mínimo Vital puede aliviar mucho la situación de las urgencias puntuales y estabilizará la situación de las familias». 

Está por ver, en cualquier caso, cuál es la administración que se encargará de sus trámites, si será responsabilidad del Estado, la Junta o las corporaciones locales.