La Diputación abonará a la próxima adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio 17,96 euros (sin IVA) por cada hora de servicio prestada, lo que supone un incremento de 1,53 euros en relación al precio que está en vigor en la actualidad, que es de 16,43 euros. Esta es una de las novedades que presenta el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas que aprobó la junta de gobierno de la institución para proceder a la contratación de este servicio por un período de dos años con posibilidad de una prórroga por otros dos. 

El montante de este contrato, el «más importante de los que suscribe la Diputación», recalcó el portavoz del equipo de gobierno, Lorenzo Rodríguez, asciende a 13,2 millones para los dos próximos años y al final de los cuatro se estima que alcance los 28 millones, ya que se contempla un incremento progresivo en el número de usuarios. 

Rodríguez, ante las quejas y reclamaciones a la actual concesionaria (Sacyr Social) que vienen protagonizando las trabajadoras de este servicio, manifestó que la Diputación licita el contrato «con todas la medidas y cláusulas para que la trabajadoras cobren, y la Diputación paga, pero no somos responsables de las relaciones laborales de la empresa con las trabajadoras, nosotros no las contratamos y no podemos entrar a dirigir la empresa, lo que sí podemos hacer es mediar entre ambas partes y velar porque el contrato se cumpla». 

En el mismo sentido se manifestó la diputada responsable de este servicio, Inmaculada Sierra, quien recordó que todas las trabajadoras pasarán a serlo de la nueva empresa adjudicataria, «porque está obligada en el contrato» y también señaló que lo que se intentará a partir de ahora es «establecer vías de comunicación con la empresa periódicas para controlar que se cumple el contrato y todas las obligaciones para trabajadoras», insiste Sierra, quien añade que la subida del precio de la horade servicio se ha subido para que «la empresa no tenga que ajustar tanto, pero son precios que están regulados». 

En el nuevo contrato también se establecen controles para que en el caso de que se registren bajas en el servicio, como ocurrió durante la primera ola de la pandemia, «no se vuelva a producir el problema de las bolsas de horas, ya que se establece un mínimo a abonar y a partir de ahí, como ocurre ahora, no ponemos ningún problema en aumentar el número de usuarios y pagar lo que corresponda», asegura.

En este sentido, Sierra pone como ejemplo la última factura abonada, que corresponde al mes de septiembre, que asciende a casi 400.000 euros, «no estamos poniendo pegas a la hora de pagar», asegura, a la vez que recuerda que el número de usuarios en la actualidad, tras recuperar a muchos que se dieron de baja durante la pandemia, asciende a unos 1.800.

Otras de las novedades que se introducen en el nuevo contrato es que la empresa adjudicataria, al contrario de los que sucede en la actualidad, no cobrará el copago que abonan los usuarios, «lo cobraremos directamente desde la Diputación», apunta Sierra.

Tanto Rodríguez como Sierra esperan que el nuevo contrato se adjudique rápidamente e insisten en que desde la institución van a intentar que todos los trabajadores cobren «porque nosotros estamos pagando todas las horas», reiteran.