Es muy posible que el año próximo por estas fechas no haya ningún viso de incertidumbre, porque la posibilidad de que los Presupuestos Generales para 2023 salgan adelante serán mínimas, aunque todo pueda suceder, porque se trata de un año electoral y cada partido empezará a mostrar distancias con todos los demás y habrá que prorrogar las cuentas de este año. Unas cuentas que parecen encaminadas después de que los dos socios necesarios para el Gobierno, ERC y PNV, hayan decidido no presentar enmiendas a la totalidad del proyecto presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Habría sido una temeridad que no se aprobaran unos PGE que, según el Gobierno de coalición, tienen carácter histórico por el gasto social que prevén y porque recogen el maná europeo procedente de los fondos Next Generation. Si las peticiones para que ambos partidos voten a favor de los PGE es la transferencia de la gestión del Impuesto Mínimo Vital al País Vasco, acordada desde el año pasado, o que se incluya en la Ley Audiovisual que las plataformas doblen al catalán una mínima parte de sus contenidos, al Gobierno le habrá salido más barato que otros años complacer a sus socios de investidura, que también reclaman el cumplimiento de compromisos anteriores de inversión que se han quedado sin ejecutar.
La aprobación de los Presupuestos para el próximo año, por tanto, supondrán el impulso vital para que Pedro Sánchez termine la legislatura como es su previsión, si por el camino no se cruzan intereses partidistas o disensiones entre los dos socios que sean insuperables, porque las tres cuestiones nucleares del acuerdo de gobierno, reforma laboral, cambios en la ley mordaza y ley de vivienda ya se encuentran en vía de acuerdo, aunque sea en modo mal menor para todos.
Ante un gobierno con debilidad parlamentaria los grupos imprescindibles tratan de tensar la cuerda hasta el límite de lo posible, siendo conscientes de que si acaba por romperse los perjudicados no son solo quienes dirigen el Ejecutivo sino sus propios intereses a corto y medio plazo. No hay nada mejor como un momento tasado en el que es preciso tomar una decisión para que la voluntad negociadora se concrete y las amenazas abran paso al acuerdo y a la posibilidad de seguir negociando las enmiendas parciales sobre los asuntos que realmente les interesa, las inversiones en infraestructuras.
Las enmiendas a la totalidad procederán de la oposición de derechas, porque los Presupuestos determinan la política a realizar en el año siguiente, y no le conceden ningún beneficio de la duda sobre su perversidad, mientras que los otros partidos independentistas catalanes inciden en cuestiones como la falta de reconocimiento del derecho de autodeterminación. EH Bildu, sin embargo, que tampoco presentará enmienda a la totalidad, ha desligado de las negociaciones la situación de los presos de ETA, una condición que dijo Arnaldo Otegi sería crucial para el apoyo de los Presupuestos, y se ha centrado en el acuerdo que alcanzó con el Ejecutivo durante la pandemia para derogar la reforma laboral de Rajoy.
Con la decisión del PNV y de ERC el gobierno ha ganado tiempo, despeja incógnitas sobre su supervivencia y sobre el futuro de la recuperación, ya bastante maltrecha con la evolución del PIB y la subida de la inflación