El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), ha adelantado que "a la vuelta del verano" se sentarán con la concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para analizar la situación después de comprobar que hay más de 30 asuntos judiciales pendientes entre la misma y la Consejería.
Igea, tras la toma de posesión del gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, ha explicado que el informe de transición del Gobierno revela que hay más de 30 asuntos pendientes, un número "suficientemente elevado" para pensar que las cosas "no están yendo bien".
Francisco Igea ha señalado que hay que ver la repercusión, el impacto y la causa de esos 30 asuntos, pero en cualquier caso considera que son "más que suficiente" para poner en marcha comisión que se contempla en el acuerdo programático de gobierno entre PP y Cs para estudiar la reversión del HUBU, de la que formarían parte representantes de la concesionaria, las Cortes y el Gobierno de Castilla y León.
Así, ha avanzado que "a la vuelta del verano" habrá que "sentarse" y tener una "primera toma contacto", ver cómo están esas resoluciones judiciales y "si el camino es el de la litigiosidad permanente" u otra solución.
"Es un nivel suficientemente elevado para pensar que es el momento de sentarse y ver qué es lo que hacemos", ha señalado Igea, quien ha aseverado que es un "nivel absolutamente desproporcionado". LITIGIOS SOBRE EL PLIEGO
Las reclamaciones fundamentalmente se deben a cuestiones sobre quién se tiene que hacer cargo de renovación de material o la prestación de un servicio, es decir, relacionadas con el pliego de condiciones, ha explicado Igea, quien ha aclarado que casi todas las ha ganado la Junta, pero aún así es momento de sentarse con la concesionaria.
A este respecto, el nuevo gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, ha recordado que ya en las conclusiones de la oposición en el marco de la comisión parlamentaria de investigación sobre el HUBU se señalaba la posibilidad de una reversión a la Junta de la gestión del hospital, pero en las mismas también se advertía, como ha repetido en diversas ocasiones, que "no puede ser a cualquier precio".
En esta línea, ha explicado que la adjudicación fue un "buen negocio" para la concesionaria y se trata de ver si se consigue que una reversión lo sea no para la empresa sino para la ciudadanía de Castilla y León, por eso no son "indiferentes" las condiciones en las que se pudiera producir.
Por ello ha incidido en la importancia de que estas cosas se hagan "con la suficiente prudencia, plazos y reposo" para conseguir que las condiciones para la Junta sean "las mejores posibles".
Además, ha asegurado que precisamente la postura de la Consejería en los últimos años puede ayudar a que eso sea posible, ya que la litigiosidad también se debe a una transformación por parte de la Junta en los últimos años que hizo que se "defendieran adecuadamente" los intereses de la Comunidad, lo que ha llevado a los tribunales y permitirá decir a la concesionaria que es el cumplimiento "escrupuloso" de la concesión.