El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Burgos ha condenado a la Diputación Provincial de Burgos y a la compañía aseguradora H.D.I Global S.E Sucursal España al pago de una indemnización de 80.000 euros a los familiares de una residente fallecida en la residencia San Miguel del Monte tras caerse por las escaleras del edificio, en marzo de 2017.

El tribunal estima parcialmente el recurso de la familia, reclamaba 130.000 euros, contra una resolución desistimatoria de la institución provincial contra reclamación patrimonial presentada por la familia en el año 2018, al considerar que existe «un vínculo causal entre el defectuoso funcionamiento del servicio público atendidas las circunstancias físicas de la fallecida».

La acción de responsabilidad patrimonial contra la Diputación, que gestiona la residencia, la inició la familia de la fallecida, un hijo y cuatro nietos, para reclamar el resarcimiento del daño causado al entender como defectuoso el funcionamiento de este servicio público (inobservancia del deber de cuidado) consecuencia del cual tuvo lugar el fallecimiento de la interna en la residencia de ancianos.

El juzgado declara nula de pleno derecho la resolución de la Diputación impugnada y sin efecto declarando, así mismo, el derecho de los recurrentes a que a través se declare la responsabilidad patrimonial de la administración demandada por el deficiente funcionamiento de servicios de la misma, «causa del fallecimiento de su madre y abuela y a su derecho a que sean indemnizados en la cifra global de 80.000 euros más los intereses legales», condenando a la Diputación a efectuar las gestiones que sean precisas para que se ejecute esta sentencia.

Absolutoria en asistidos. Trayectoria diferente ha tenido la demanda presentada por otro fallecimiento, en este caso en la residencia de asistidos del Complejo de Fuentes Blancas, que también gestiona la Diputación, por otra caída. En este caso, la sección segunda de la Audiencia Provincial ratifica en fallo de un juzgado desestimando íntegramente la demanda presentada, aunque revoca la imposición de costas a la denunciante al constatar que la información de la que dispone la demandante (el informe de la médico forense) contiene dos datos especialmente relevantes que se han evidenciado erróneos, como la entidad del golpe de la caída y el nivel anticoagulante.