Desde la Junta de Castilla y León, propietaria del edificio Orfeón Arandino de 116 viviendas de promoción pública, apuntan a que en el edificio «hay viviendas tapiadas y viviendas okupadas, si bien actualmente no contamos con el dato exacto de la situación de las mismas». La última cifra oficial que se facilitaba desde el Servicios Territorial de Fomento en Burgos data de hace dos años, cuando se estaban realizando las obras de arreglo de la fachada sur, apuntaban a que había 98 familias residiendo en el inmueble, sin especificar si los 18 pisos restantes estaban vacíos, tapiados u okupados.

El último diagnóstico completo del edificio y sus habitantes lo realizaba la Fundación del Secretariado Gitano y se remonta a una década atrás. En él se especificaba que ya en 2010 había 11 viviendas tapiadas y 14 deshabitadas.

Las labores de puesta al día del edificio Orfeón Arandino en lo que a suministro eléctrico se refiere han alcanzado su última etapa. En estos días, se está procediendo a eliminar las conexiones irregulares existentes en la instalación eléctrica del grupo de 116 viviendas de promoción pública, retirando todo el cableado antiguo y aquellos enganches que se llegaron a hacer hace años de manera ilegal para dotar de corriente eléctrica a viviendas que no contaban con ese suministro al estar deshabitadas. 

El año pasado comenzaban estos proyectos de puesta al día de la instalación en todo el inmueble, completándose las obras de reforma para adaptar a la legislación actual la instalación eléctrica del edificio «dado el mal estado de las existentes en ese momento adaptándolas a la normativa vigente, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión», como informan desde la Junta de Castilla y León. Completados estos trabajos, se entregaron a los ocupantes de las viviendas los nuevos boletines electrónicos, tras lo cual han ido dando de alta el suministro eléctrico cada uno en su vivienda, aunque algunos se han encontrado con no pocos problemas con este nuevo sistema, recibiendo facturas muy elevadas con respecto al gasto de luz realizado, llegando incluso a acudir a los Servicios Sociales para interponer quejas y reclamaciones.

La eliminación de las conexiones irregulares que se está realizando ahora supone un gasto que roza los 30.000 euros a cargo del Servicio Territorial de Fomento en Burgos. Esos enganches «no tienen cabida una vez se ha procedido a regularizar la situación con las nuevas contrataciones del suministro eléctrico y que además suponen un riesgo para dichas familias», recalcan desde la Junta de Castilla y León, propietaria de este edificio.

Obras de puesta a punto. La Administración regional viene realizando arreglos de urgencia en el inmueble desde 2014, ninguna con anterioridad a esta fecha a pesar de que el edificio data de 1986. La inversión total en estas obras supera los 654.000 euros, en trabajos en el semisótano, los patios, la fachada o la cubierta, que se amplió junto con los aleros, para concluir hace cuatro años con más obras en los sótanos. La última actuación en el edificio fue en la fachada sur, en la que se había producido un abombamiento que corría el riesgo de provocar un peligroso derrumbe. 

Sobre planes de reforma u otras obras para mejorar el estado del edificio, tanto en su exterior como en sus zonas comunes, la Junta lo desestima por el momento, justificándose en que «el actual contexto de obligados ajustes presupuestarios condiciona las posibles actuaciones a emprender», aunque apostilla que «siempre velando por la seguridad de sus ocupantes». Lo que se descarta de manera tajante es la posibilidad de desalojar a los que viven en este inmueble, con un lacónico «no se contempla».

Una solución, la del desalojo y reubicación de los inquilinos en otros inmuebles, que sus propios habitantes se han resignado a no seguir esperando, ya que este edificio se ha cronificado como un gueto urbanístico que no ayuda a la convivencia interétnica.