El Ministerio de Justicia atenderá en parte las necesidades de nueva planta en la provincia de Burgos y lo va a hacer con un nuevo juzgado de primera instancia, el noveno ya, aunque no se sabe cuándo se creará. Lo bueno de la decisión, aunque desoye la reivindicación histórica del TSJ de Castilla y León de un cuarto juzgado de lo social, es que su adscripción a la jurisdicción civil abre la posibilidad de que se especialice. El presidente de la Audiencia, Mauricio Muñoz, considera que dicho órgano debe convertirse en el segundo juzgado de Familia, pues el que funciona en la actualidad «está muy sobrecargado». Y es cierto, lo demuestra el hecho de que esté reforzado por una magistrada.
Uno de los motivos por los que el tiempo en la resolución de asuntos se demora más de la cuenta es que el equipo psicosocial no da a basto en la elaboración de informes para los casos de separaciones y divorcios, sobre todo en lo que tiene que ver con las custodias de los hijos. La creación de ese juzgado no vendría acompañada, en principio, de un segundo equipo que refuerce estas actuaciones, aunque para Muñoz «también sería necesario porque parte del problema reside en que la realización de los informes excede el tiempo de respuesta adecuado».
En su opinión, a la espera de observar cómo evoluciona la crisis económica derivada de la pandemia, el juzgado de lo Mercantil está «en índices aceptables», de modo que por el momento no ha de duplicarse. Eso sí, advierte de que habrá que estar atentos a ver si el número de concursos aumenta de forma significativa, algo que podría ocurrir, vaticina, dentro de unos seis meses.
El presidente del tribunal provincial lamenta también que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya atendido la demanda del juez de refuerzo para los tres juzgados sociales, con mucha carga de trabajo, sobre todo a raíz de la pandemia y el aumento de despidos en las empresas. Muñoz avanza que «se seguirá pidiendo».
Nada más decretarse el estado de alarma, el juzgado de Familia se puso manos a la obra para mitigar el incremento de trabajo que se avecinaba en un órgano que lleva años sobrecargado. El confinamiento dejaba en el aire cientos de regímenes de visitas y, aunque el titular los suspendió porque en su opinión debía prevalecer la salud de las personas por encima del cumplimiento judicial, los teléfonos de los abogados especializados no pararon de sonar en busca de una solución al conflicto.
El juez movió de nuevo ficha y solicitó el apoyo de otro magistrado para que asumiera la mitad de los asuntos que entrarán a partir de ahora. El Poder Judicial lo que hizo fue renovar como refuerzo a la titular del 1 de Primera Instancia, sin relevación de funciones y hasta el 31 de diciembre. El TSJ lo que quería era un plan de refuerzo consistente en el nombramiento de una comisión de servicios con relevación de funciones (en exclusiva), que se hiciera cargo del 50% de los asuntos de nueva entrada y pendientes de señalamiento.
Cabe recordar también que hace un mes el juez de Familia, Roberto Pérez Gallego, solicitó el cese voluntario para trasladarse el juzgado de primera instancia número 16 de Granada. Eso obligó al Poder Judicial a sacar una plaza para reemplazarle. Mientras se resuelve este concurso, un magistrado sustituto se hace cargo de este órgano, que también se ocupa de los asuntos relacionados con incapacidades.
Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en 2019 soportó más de 2.000 asuntos, un 5% más que el año anterior y el doble de los que fija el Poder Judicial.