PP, PSOE y Ciudadanos cerraron filas ayer con la norma para blindar la caza en Castilla y León después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad tumbara la orden y el decreto de la Junta y dejara en suspenso la actividad cinegética, mientras que IU y Podemos calificaron de «parche» esta reforma legal y advirtieron que recoge el mismo contenido de la normativa anulada de manera cautelar.
La proposición de ley sigue la tramitación -se aprobará en el último pleno de las Cortes de esta legislatura- al recibir 71 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, diez abstenciones de Podemos y uno en contra de IU, tras un debate en el que los promotores apelaron a la defensa del mundo rural, el turismo, la economía, el medio ambiente, la salud de las personas y de los animales y la seguridad vial.
El presidente del Grupo Popular, Alfonso Fernández Mañueco, sentenció que «sin la caza no se entiende nada» en el medio rural, después de asegurar que ni es cazador ni le gusta pero respeta a los que tienen esa afición. «Está en riesgo la libertad y la convivencia a las ideas ajenas que quieren imponer su forma de vida a la mayoría silenciosa», aseveró.
Mañueco asentó su defensa de esta actividad en criterios económicos como los 500 millones anuales  generados y los 8.000 empleos en el medio rural, en la existencia de más de 5.500 cotos de caza o las diez reservas regionales de caza. A ello, unió el equilibrio ecológico o los accidentes y daños que genera la sobrepoblación de jabalí y corzo.
El socialista José Luis Aceves defendió su apoyo en la política útil de su partido para la solución de un problema y acusó a la Junta de no haber desarrollado los reglamentos de la ley de caza de1996.
Aceves añadió que su grupo quiere ser garante y por ello se unió al acuerdo con el PP y Ciudadanos para presentar la proposición de ley, pero abogó por una ley en la próxima legislatura.
«Algo no ha hecho bien el PP cuando estamos intentando salvar a la caza», inició el procurador de Cs José Ignacio Delgado, que abogó por un nuevo proyecto de ley en la próxima legislatura para el desarrollo de esta actividad con garantías.

Tres motivos en contra.

El procurador de IU, José Sarrión, expresó su rechazó a la toma en consideración y a la proposición de ley con los argumentos de que se vulnera la tutela judicial efectiva de la participación de la sociedad civil, se comete un «error» al recoger el listado cinegético sin estudios de censo ni de sobrepoblación tumbado en el decreto y se vulneran directivas de la Unión Europea sobre las aves.
Sarrión afirmó que está a favor de la caza pero «profundamente regulada y claramente acotada», lo que en su opinión no hace la iniciativa de los tres grupos proponentes, para recordar todas las sentencias anuladas por los tribunales en cuestión de medio ambiente a la Junta y recalcar que no es una decisión de los ecologistas, que se limitan a la denuncia, sino de los jueces.
El parlamentario de IU recibió la crítica, en especial, de Mañueco y Delgado, según informa Ical. El popular anunció una nueva ley de caza y acusó a Sarrión de «sectarismo, dogmatismo e ideología». «Viva la caza, viva la libertad», concluyó con el aplauso de su bancada.
Sarrión, que esperaba «más rigor y un debate de más altura» por parte del líder del PP, remarcó que el principal argumento de elevar un decreto en el que se recoge el listado de especies cazables a ley es eludir los informes y evitar el recurso en un tribunal ordinario.
En la misma línea, Félix Díez afirmó de entrada que Podemos defiende una caza social y sostenible, sostuvo que la normativa presentada no supone un blindaje sino un «parche» para salvar la temporada cinegética y se decantó por una una nueva ley de caza.