La concejala no adscrita y vinculada a Podemos Blanca Guinea ha presentado un escrito en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que pone en conocimiento del organismo público la potencial responsabilidad del alcalde, Javier Lacalle, y del interventor, Isidoro Aragón, por el pago de dietas al propio Aragón y al secretario general, Luis Alfonso Manero Torres, por su asistencia (o incluso sin ella) al consejo de administración de la sociedad de promoción, antes Parkmusa.
El escrito podría servir para dirimir de una vez por todas si Manero y Aragón cobran indebidamente 632 euros mensuales por asesorar a la sociedad de capital íntegramente público. Esa cantidad la perciben tanto si se reúne el Consejo como si no. Además, ambos ingresan otros 95 euros cada vez que Aguas -sociedad también pública- cita a su órgano de gobierno. Manero Torres, contra cuyo nombramiento por parte del alcalde ha habido ya tres sentencias judiciales por falta de justificación y fue considerado un «dedazo» por la oposición en pleno, tiene un salario de 95.482 euros anuales, mientras que el de Aragón, con más antigüedad, es de 97.164.
El caso viene de lejos. Concretamente de 2012, cuando el Consejo de Cuentas de Castilla y León detectó el pago -por entonces desde Parkmusa y con otro secretario general en el cargo- y consideró que no existía una «causa real» que legitimara ese ingreso. Los aludidos se encargaron de hacer las alegaciones -se defendieron a sí mismos bajo el membrete municipal- y el Consejo matizó su acusación, pero se ratificó en que «cobran unas dietas por asistencia a los consejos de administración sin que se haya justificado la causa real de las mismas» y sin que el pleno municipal haya tomado acuerdo alguno al respecto.
El PP, por entonces con mayoría absoluta, durmió el caso y no fue hasta 2017 cuando la polémica arreció, sobre todo debido al enfado de la oposición por la previa designación de Manero (a finales de 2014) y el posterior pulso político por este caso. En aquel momento, Ciudadanos llegó a preguntar a Manero si está preparando opositores que después concursan a plazas municipales y, además, sin declararlo. Lo hizo porque ninguno de los altos cargos señalados ha presentado jamás su declaración de bienes y actividades.
Cuando este periódico recuperó dicho cobro a cuenta de su publicación en el Portal de Transparencia, la oposición -mayoritaria en ese momento- se mostró perpleja con lo sucedido y con la inacción del Ejecutivo local. Al final, y a instancias de PP, Ciudadanos e Imagina, se pidió al área de Personal que emitiera un informe en el que se dictaminara si ese cobro es pertinente o no, y la respuesta obtenida vino a ratificar todo lo dicho con anterioridad: que no lo es.
Entre otras perlas, dicho informe sostiene que el cobro «no cuenta con cobertura legal», que la asistencia a esos órganos de las sociedades públicas «son tareas expresamente recogidas en las funciones de sus puestos» y que «los interpelados han hecho caso omiso a la demanda de información». Tampoco sirvió de nada. Tanto Manero como Aragón han seguido percibiendo las dietas y Podemos cree que el alcalde, Javier Lacalle, es el máximo responsable de no haber dado las órdenes oportunas para acatar lo dicho por el Consejo de Cuentas y por Personal.
«Lo ponemos en conocimiento del Tribunal de Cuentas porque es un caso de responsabilidad por perjuicios causados a los fondos públicos de esta administración, y concretamente a la sociedad de promoción. El alcalde y presidente de la sociedad ha permitido durante años que se produzca una salida injustificada y sin respaldo jurídico de esos fondos públicos, permitiendo así que otros se lucren indebidamente», explica Guinea, quien recuerda que tanto el Consejo de Cuentas como el área de Personal lo advirtieron hace años, «pero el alcalde ignora esas advertencias y continúa durante años y hasta la fecha autorizando y firmando los pagos injustificados».
Uno de los aspectos en los que la edil no adscrita hace hincapié es en que «el interventor, que es beneficiario de esos fondos, elaboró el recurso presentado en su momento al Consejo de Cuentas, por lo que tiene conocimiento de este tema». Aún así, añade, «ha continuado firmando la salida indebida conjuntamente con el alcalde» por cantidades que, sumadas, se acercan a 15.000 euros anuales. Más de 150.000 euros desde que el Consejo consideró esos cobros como «no justificados». Por último, Guinea reincide en el hecho de que Javier Lacalle «no sólo no ha corregido la situación, sino que la ha consentido y continuado en el tiempo a pesar de tener conocimiento de su irregularidad».