El plan de choque impulsado desde la Inspección de Trabajo contra la economía sumergida y las irregularidades y abusos en la contratación confirma que en la economía burgalesa aún subsiste una ‘cara b’ muy activa. El pasado año, entre otras actuaciones, se destaparon 767 empleos irregulares en la provincia, un 20% más que en el ejercicio anterior, y se obligó a corregir 971 contratos temporales que en realidad eran indefinidos, lo que supone triplicar las cifras de 2017.
Estos resultados son fruto de un incremento de los controles (gracias al reforzamiento de la plantilla local de este organismo dependentiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social), del cruce de datos de la denominada Herramienta de Lucha contra el Fraude (de la que se extraen listados de negocios sospechosos a investigar) y, muy especialmente, de las denuncias anómimas formuladas por los propios trabajadores afectados, que han aumentado un 20%, principalmente las relacionadas con los abusos en los tiempos de trabajo.
Tal y como habían advertido -incómodos- los empresarios en los últimos meses, los inspectores y subinspectores (9 y 12 profesionales, respectivamente) se están moviendo más y así lo corrobora la jefa de la Inspección, Betina Ruiz. El pasado año se realizaron 6.601 órdenes de servicios, es decir, se investigó a más de 6.000 empresas en la provincia, aunque puede ocurrir que alguna haya recibido más de una visita (o sus responsables hayan acudido a una comparecencia) por un accidente de trabajo, un contrato, un control de empleo... La actividad ha crecido un 6% con respecto al pasado año (6.212 órdenes) y ha superado los objetivos inicialmente previstos.
Las órdenes de servicio son visitas por sorpresa al centro de trabajo o comparecencias de la empresa fijadas ante la sede de la Inspección. Concretamente, en 2018 se realizaron 4.642 visitas, lo que supone un incremento del 15%. Éstas se realizan en horario ordinario o especial (a partir de las 8 de la tarde o durante los fines de semana). Las extraordinarias han sido 394 en 2018, principalmente a comercios y negocios hosteleros, un 15% de incremento interanual.
Toda esa actividad se centra en los tres ámbitos de competencia de la Inspección:laboral (condiciones de trabajo), prevención de riesgos laborales (seguridad y salud), Seguridad Social (afiliaciones, cotizaciones y prestaciones) y, dentro de este último ámbito, la economía irregular (empleo ilegal y extranjería).
Para el presente año, el programa de la Inspección (diseñado y acordado entre el Estado, la Junta y los agentes sociales) prevé 6.656 órdenes de servicio, en una línea parecida a la del pasado ejercicio.
La inspectora jefe llama la atención sobre la transformación lograda de contratos temporales en indefinidos, uno de los principales objetivos del Plan Director por el Trabajo Digno puesto en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez. Los resultados son elocuentes: en 2017 se transformaron 380 contratos; en 2018 fueron 971. Las conversiones obligadas se triplican porque se han intensificado las actuaciones y la Herramienta de Lucha contra el Fraude ha facilitado un listado de empresas donde existe unos indicios de foco de fraude importantes.
Se trata de contratos temporales que incumplen la normativa, habían superado el plazo de temporalidad y devienen en indefinidos. Se localizan principalmente en el sector del comercio (19% de las irregularidades detectadas), hostelería (17%) e industria (14%).
Hasta ahora se requería a la empresa a que transformara el contrato y solo se practicaba acta de infracción si se producía un incumplimiento de este requerimiento. Con el Plan de Choque actualmente vigente, que ha incluido el envío de cartas a las empresas sospechosas (4.535 en Castilla y León), se da por hecho que la situación irregular está ya advertida y, por ello, «se actuará con más contundencia y se sancionará de entrada el incumplimiento», detalla Betina Ruiz, aunque matiza que también se discrimina a las incumplidoras y el grado de conocimiento o desconocimiento de la legislación laboral de las mismas.